Tongo le dio a Borondongo...

La anulación de la elección de la fiscal general Viviane Morales por parte del Consejo de Estado aumenta la confusión que se vive dentro de la justicia colombiana. Una especie de pelea de todos contra todos —como en la celebrada canción de Celia Cruz—, en la que al parecer el más estridente se lleva el premio mayor.

Lo malo es que en paralelo a ese desorden —o por lo menos a lo que los ciudadanos que no somos abogados crecientemente percibimos como tal— se desarrolla una agenda política clave precisamente alrededor de la justicia. Esa agenda tiene dos componentes, analíticamente separables, pero que en la vida práctica tienen ya numerosos puntos de encuentro. Por una parte, el uribismo ha lanzado una campaña en gran estilo contra jueces y fiscales, para poner en cuestión el hecho de que su estado mayor se vaya a la cárcel por las innumerables travesuras que cometió desde el poder, y para volver a plantear sus consignas centrales (constituyente, reelección indefinida, lucha contra el traidor). A propósito, en punto a irregularidades de los procesos de reinserción en la última década, lo del bloque Cacica La Gaitana es el pico. Me limito a recordar que a Carlos Castaño lo fumigaron en las narices del comisionado, al parecer porque su hermano lo creyó faltón, y desde el Gobierno nadie dijo ni mu. Con todos los etcéteras que el lector memorioso quiera añadir. Por otra parte, varios poderes que en Colombia se consideran por encima de las leyes luchan por formalizar esa intangibilidad que toman como una conquista intocable.

Morales se había vuelto incómoda para diversos círculos, que la atacaron ferozmente. Su punto débil es, como se sabe, su marido. Pero para los que estamos más interesados en el desempeño que en la vida conyugal de los funcionarios públicos, hay que juzgarla por lo que hizo o dejó de hacer en su cargo. Para un país tan abrumado por diversas clases de criminalidad, seguramente no haya fiscal perfecto: habrá siempre decisiones controversiales, silencios significativos que se pueden leer de manera ominosa, prioridades omitidas. En ese contexto, creo que Morales lo hizo bien.

¿La incluirán en la nueva terna? A menos de que esté inhabilitada, meterla o no será un poderoso signo político. Como también lo será la inclusión o no de Ordóñez, a quien durante este su período que termina al parecer le plugo más perseguir a las mujeres que a los hampones. Pero más allá de los personajes, es claro que hay un problema muy serio de diseños institucionales. Controles mutuos con jurisdicciones enloquecedoramente mal definidas, proliferación barroca de competencias yuxtapuestas, instancias que funcionan como ruedas sueltas... Lo cual permite que haya gentes que se arropen con el manto de la justicia para cobrarse ínfimas cuentas pendientes. Fíjense: ahora la flamante comisión de acusaciones de la Cámara aprovecha el error en la elección de fiscal para poner sub júdice —por enésima vez— a la Corte Suprema. Lo que aumenta el despelote, y el desconcierto ciudadano, y la fragilidad política de la justicia frente a las agendas que la amenazan.

Necesitamos dos acuerdos políticos sencillos alrededor de la justicia. Primero, ¿aceptamos que funcione como poder estatal independiente, y que por tanto pueda afectar a gente poderosa, bien colocada, y con mucho poder? Segundo, ¿qué diseños nuevos necesitamos, no para neutralizarla, sino para que funcione mejor? No creo que la reforma actualmente en curso responda a estas dos preguntas elementales. Aún más: me parece que incrementa la confusión. Una oportunidad perdida más.