¿Tormenta en un vaso de agua?

Lo de Corficolombiana y el Grupo Aval es muy muy grande y muy muy serio. Grande: han pagado a lo largo de los años literalmente decenas de millones de dólares en acuerdos, “servicios especiales” y amabilidades, para obtener lo que han querido. Serio: lo que han querido son contratos enormes, pero también poder político duro, así como margen de maniobra para cubrir sus huellas. Por lo tanto, el comunicado que publican, afirmando en esencia que “aquí no ha pasado nada”, es sencillamente grotesco.

Hay tres implicaciones de toda esta operación que está quedando al descubierto. La primera es la densa malla de vínculos entre poder económico, político y judicial, que la habilitaron y permitieron. El abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, fue ternado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y escogido por la Corte Suprema para fiscal general de la Nación. Yo sé que en estos casos hay que anteponer “presunto” a todo lo que se diga. Entonces permítanme recordar que, como lo revelan los audios del señor Pizano, una persona muy íntegra que murió presuntamente después de tomarse un vaso de agua en el lugar y en las circunstancias equivocadas, el presunto Martínez presuntamente conocía de algunos de los presuntos delitos (o, en su expresión harto más colorida y entre inimitables risitas: “Esto es una coima, marica”). No hablemos ya de las masivas financiaciones de Odebrecht a las campañas de Óscar Iván Zuluaga y del propio Santos.

No: eso no los hace idénticos. No lo eran antes, no lo son ahora. Pero sí plantea preguntas muy complicadas a nuestra institucionalidad. Pues sobre todas estas cosas había evidencias masivas, que solo muy rara vez llegaron a tener implicaciones, gracias a funcionarios y personajes rectos. El superintendente Pablo Felipe Robledo, el propio Pizano… No es que sean muchos. Y a ninguno parece haberle ido muy bien en la vida. Ya sabemos lo que pasó con Pizano. Robledo, a su turno, fue reemplazado apenas Duque llegó al poder. El nuevo funcionario decidió archivar las acciones contra Aval.

Segunda: si los agentes involucrados en estas operaciones también tienen una tajada significativa en la propiedad de los medios de comunicación, esto es un indudable problema de interés público y del derecho de los ciudadanos a una información de buena calidad. Discutámoslo.

Y finalmente: el segundo y tercer círculos concéntricos de todo este entramado también son muy importantes de entender. Otto Bula es, por ejemplo, un personaje particularmente interesante. Habilísimo operador político, acumuló poder desde que fue elegido segundo renglón de Mario Uribe, si no recuerdo mal, por allá en 1998. Sí: es el mismo Mario, primo del entonces presidente, cuya acusación por parapolítica por parte de la Corte Suprema costó un berrinche de Álvaro y una crisis institucional entre el Ejecutivo y el Judicial. Bula siguió haciendo política como el segundo de a bordo de Uribe (Mario), pero después se dedicó a la acumulación de tierras en Córdoba (su fuerte electoral estaba allí). Aparentemente enganchado por Odebrecht en 2013, fue un enlace entre la multinacional brasileña y el Gobierno de Santos. Hasta donde entiendo, Bula ha salpicado a varios personajes, incluyendo al Ñoño Elías, uno de los referentes de la gobernabilidad de la administración Santos en el Congreso.

Pero no: la pregunta no es “cómo clavamos a Santos”, que es lo que buscan las vickies de este mundo. Como cualquier otra persona, Santos está en principio protegido por la presunción de inocencia. La pregunta es cómo rompemos esta clase de tramado y las impunidades cruzadas en las que se apoya. Muchas cosas se podrían decir al respecto, pero un foco de atención obvio tendría que ser la manera en que se escogen el fiscal y el procurador. Es claro que no hay regla perfecta, pero la experiencia de estos años ha mostrado que el método vigente es catastróficamente malo. Necesitamos otro.