Prácticamente todas las premisas desde las que se propone la movilización del uribismo contra las altas cortes son falsas. Se basan en ideas y en agravios imaginados. Examínense los que ha propuesto reiteradamente Iván Duque.
Primero: que él siempre ha creído que los expresidentes deben estar cubiertos por una presunción de honorabilidad. Paja. Recuerden la clase de oposición que él y su partido le hicieron a Santos. Segundo: que la Corte es culpable del supuesto grosero contraste entre la libertad de alias Santrich y la detención de Uribe. Paja. Como recordó una tuitera, María Antonia Pardo, la huida de Santrich se debió al pésimo trabajo tanto de la Fiscalía de Néstor Humberto como del gobierno de Duque que lo tenía a su cargo. Pero aun si hubiera errado la Corte, ¿a cuenta de qué esta idea de que un error judicial se compensa con otro supuestamente del signo político contrario?
Tercero: que hay un consenso sobre la reforma a la justicia. Aquí hay algo de verdad, pero el fondo es ficticio. Cierto: los colombianos desean muchas reformas, entre otras a la justicia. Intuyo que querrían que fuera más severa con los políticos poderosos que transgreden las normas. Si quieren, hagan una encuesta. Publiquen sus resultados. Las que conocemos muestran un apoyo amplísimo a la medida de aseguramiento que cobija a Uribe. Y entre los especialistas parece haber poco consenso acerca de cuáles reformas se necesitan. La idea de una sola corte que no se meta con los mandarines uribistas parece provenir únicamente de estos.
Cuarto: que a los uribistas los inspira la preocupación por la corrupción en la justicia. Paja. Cojan la trayectoria de Jorge Pretelt, el primer magistrado en ser llevado a juicio y condenado por indignidad. Pretelt fue tanto un síntoma como un símbolo de la degradación de los estándares de comportamiento en la cúpula de la Rama Judicial. También era una ficha del uribismo. En 2005 fue el candidato de Uribe a fiscal. Como ni siquiera en la cumbre de su poder pudo imponerlo, terminó promoviéndolo a la Corte Constitucional. Una vez conocidos los hechos de los que estaba acusado, de su entusiasta defensa se encargaron Paloma Valencia y otras figuras de la bancada del Centro Democrático. Y, guardadas las proporciones, esta hizo exactamente lo mismo que ahora: retirarse de una sesión del Senado y sentar su protesta por el “sesgo político” de su condena.
Lo que me lleva a la quinta premisa, que causaría estupor si no estuviéramos en el contexto en el que estamos: que “el presidente Uribe” no tiene garantías. ¿En serio? Desde la mentada Paloma hasta las figuras menores del uribismo en la política y los medios están ahora jugando al abogado. Pero antes de dedicarse a interpretar muy seriamente códigos e incisos —uno de los grandes deportes nacionales desde el nacimiento de la república—, vale la pena preguntarse: ¿cómo ha reaccionado el uribismo ante las decisiones que lo favorecen? La respuesta: ha aplaudido a rabiar. Siempre. ¿Y qué ha pasado con los juicios por hechos gravísimos que involucran a Uribe y a su entorno inmediato? Valdría la pena hacer una evaluación cuidadosa de esto. Por lo que sé: muchos languidecen. Otros han prescrito o están a punto de hacerlo. Aun otros parecen haber llegado a conclusiones extrañas, no desfavorables a Uribe: Yidis vendió su voto, pero nunca apareció el comprador. No hablemos de toda la parafernalia de poder y mediática que protege a Uribe, y del hecho de que ahora ya tiene tres brazos dedicados a su defensa: el oculto, el presentable y el político (que incluye al presidente).
Y este —el brazo político— prepara una operación en gran escala para acabar con la misma corte que juzga al expresidente. Mientras el Gobierno se concentra en la operación de salvamento, la matazón de líderes sociales no tiene pausa, volvieron las masacres y la pandemia está desbocada.
