HAY UN VIEJO CHISTE QUE, CON TOdo lo premoderno y machista que pueda ser, contiene un giro gramatical primoroso.
Una señora encuentra a su esposo besándose con la muchacha de servicio en el vano de la escalera y exclama: “Alberto: ¡estoy sorprendida!”. El aludido responde sin inmutarse: “Tú, quizás, estupefacta; el sorprendido soy yo”.
Así que está bien que el Gobierno se sienta sorprendido con el episodio de las chuzadas del DAS. Pero no se puede declarar estupefacto (como sí lo está el presidente de la Suprema). En efecto, hace ya tiempo se sentaron las condiciones para que pasara esto. Y duele decirlo quien más contribuyó a que eso pasara fue el poder ejecutivo, con el Presidente de la República a la cabeza. Me limito aquí a identificar las dos prácticas más significativas que pusieron el proceso en marcha. Primero, tachar a actores legales —de hecho, a algunos que encarnan la legalidad— como potenciales delincuentes. Cuando la Corte Suprema tomó determinadas disposiciones, Uribe dijo que éstas representaban “el último coletazo del terrorismo”. También fueron él y sus amigos quienes intentaron montar una campaña de desprestigio contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez.
Opositores y periodistas han sido marcados con el mote de terroristas, en diversas calidades: auxiliadores, ideólogos, idiotas útiles. Hasta el silencio puede ser castigado con el epíteto, como cuando a Rafael Pardo el inefable “comisionado de paz” lo trató de enredar en un esquema de complicidad con las Farc, por la única razón aparente de que, por una vez, estaba repuntando en las encuestas. ¿No es esto una señal pública para que esbirros acuciosos sigan al que se tacha de peligro público? A varios transgresores, en cambio, se les tiende la mano y se les pide participar en el alegre intercambio de dádivas hasta tanto ningún entrometido entre a estorbar, que es lo que significa el pasmoso aforismo de “voten por mí mientras no estén en la cárcel”. Parece que la —terriblemente deletérea— lógica subyacente es: “Prefiero al ilegal (o semilegal) que esté de acuerdo conmigo al legal que disienta”.
La explicación que ofrece el Gobierno —que esto es producto de una mafia, y que él está sorprendido también como lo demuestra el hecho de que chuzaran a altos funcionarios— no se sostiene. Como lo explicó con claridad y paciencia el general retirado Maza Márquez, esas acciones de seguimiento interno son características de determinados regímenes, porque necesitan la información para disciplinar tanto a amigos como a enemigos. Y esto me lleva a la segunda práctica: permitir, o alentar, la existencia de “dominios reservados”, en donde inevitablemente terminan ocurriendo estas cosas. La historia del DAS ha sido en este gobierno un desastre, desde el nombramiento de Noguera —ese “buen muchacho”— hasta hoy, y nadie le puede achacar esa trayectoria negra a la casualidad.
Me he referido no a hipotéticas conspiraciones o conjeturas, sino a hechos públicos, que todo el mundo conoce. Es verdad: hay que reformar el DAS. Pero antes que nada hay que cambiar el estilo de gobierno que le dio origen al escándalo; este es un subproducto. Para que no sigamos en la ya larga tragicomedia de una ciudadanía estupefacta y un gobierno sorprendido.
