DESDE HACE MUCHO TIEMPO ESTOY convencido de que el régimen de Maduro es una desgracia.
Está en su naturaleza, caudillista y militarista, cometer desafueros. Esto no quiere decir que el episodio de la deportación masiva de colombianos, en medio de pérdidas de propiedades, humillaciones y maltratos, no constituya un acto extraordinario. Es el reflejo de un potencial de brutalidad, pero también de una orientación. Este tipo de cosas rara vez constituyen hechos aislados. Máxime en un contexto como el venezolano, en donde las apuestas son altísimas, y en el que el Gobierno necesita desesperadamente temas y chivos expiatorios para enfrentar las elecciones que a él, también, se le vienen encima.
¿Cómo responder frente a esto? En la medida en que la deportación tiene implicaciones sobre el conjunto del sistema político colombiano, todas las fuerzas relevantes tienen que responder a ella. Porque, en efecto, desde este punto de vista el acto de Maduro no solamente es un crimen, sino una estupidez. Si, en su lógica pequeña, el presidente de Venezuela ha querido aparecer como un matón de barrio todavía más imponente que Uribe, en realidad se ha convertido en su principal propagandista. Con cada insulto descompuesto que le lanza, refuerza la posición de nuestro propio caudillo tropical; con cada agresión chauvinista ofrece motivos a la extrema derecha colombiana y refuerza su base electoral y social. Me alegró mucho que Clara López dijera claramente y sin ambages que condenaba la agresión del régimen de Maduro. Esto contrasta con la reacción instintiva de tantas buenas almas progres de justificar el acto, simplemente porque viene de quien viene. Cuántas contabilidades por partida doble tenemos que ir superando.
¿Cómo debe reaccionar ante este desafío el Estado colombiano? Yo propondría cuatro principios para una respuesta sostenible y sensata a largo plazo. En primer lugar, cerrar todas las puertas al desarrollo de un chauvinismo anti-venezolano. Persistir en la defensa de los intereses colombianos en un marco de interacción a largo plazo e interdependencia. En eso Santos se ha portado de manera democrática y seria en medio de la crisis, y tiene que mantener a toda costa ese rumbo. En segundo lugar, es necesario desarrollar una política social vigorosa y sostenida para los colombianos que vuelvan. En los próximos años no van a ser miles. Van a ser decenas de miles. Ya sea porque los echen a patadas, ya sea porque se aburran (por nivel de ingresos y calidad de vida). Ojo: si no se cumplen las promesas de integración de estos compatriotas, hechas al calor de las visitas de altos funcionarios, esto se va a convertir en una fuente de turbulencias sin fin. Hay que pensar en recursos y políticas en grande.
En tercer lugar, hay que rediseñar la política de fronteras del país. Es claro que aquí enfrentamos retos históricos, y que Colombia ha tenido grandes dificultades para promover niveles mínimos de inclusión social y territorial en regiones que por definición son estratégicas para cualquier estado. Nada justifica las deportaciones masivas: pero la ilegalidad, inestabilidad y debilidad de las fronteras están ahí. Es obvio que necesitamos una reformulación.
Por último, pero no menos importante, hay que persistir sin cejar en la paz. Lo he dicho en varias columnas anteriores —entre otras cosas también a propósito de Venezuela—: un país en medio de una guerra no tiene grandes márgenes de maniobra para construir un espacio genuinamente soberano. Ese principio, en apariencia intangible, es lo primero que deteriora una guerra civil. No me alegra en lo más mínimo que los eventos se hayan encargado de ilustrar el asunto de manera mucho más elocuente de lo que me hubiera podido imaginar.
Hay, pues, que poner este episodio en el marco de nuestro proceso de reconstrucción y reconciliación. Lo demás es uribismo (o in-madurismo).
