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Esta semana, dos grandes remezones pusieron a temblar al proceso de paz, y de paso revelaron penosamente las fragilidades de nuestra situación.
En primer lugar, la seguidilla de amenazas de muerte a importantes líderes de la izquierda. En segundo lugar, el escándalo de la Operación Andrómeda, que al parecer estaba destinada a chuzar a la “gente de siempre” (según fuente militar anónima citada por este periódico), es decir, a los antedichos líderes y a ONG de derechos humanos, pero agregando un nuevo blanco: los negociadores gubernamentales en La Habana.
Aunque a estas alturas, y como de costumbre, es imposible discernir dónde está parado el Gobierno (con respecto a Andrómeda: primero denuncia escandalizada, después legitimación), la pregunta por lo que implica la confluencia de ambos eventos sigue, por supuesto, vigente. Lo primero que hay que decir es que debilita la piedra nodal de los incentivos pro paz. Si no hay seguridades mínimas para la vida y la actividad política, no es claro para qué entrar al juego. En ese sentido, quienes están golpeando al proceso desde distintos ángulos parecen saber con mucha claridad cómo hacerlo. Y la pregunta es cómo reaccionarán los interlocutores de la mesa. Si esta intentona de solucionar nuestro conflicto por la vía negociada, crucial para el presente y futuro de este país, ha de tener éxito, es fundamental que se saquen las consecuencias apropiadas de la situación que se acaba de crear. No basta con denunciar a las proverbiales “fuerzas oscuras”, ni con repartir más avanteles y chalecos antibalas. Por lo que sé, la gente de la Unidad de Protección es excelente y merece todo el aplauso del mundo, pero ahora la cosa va mucho más allá y tiene que ver con visión política, con diseños institucionales y con la capacidad de mandar mensajes claros, por una vez en la maldita vida, a la sociedad. Se trata de responder preguntas simples pero importantes. Por ejemplo: ¿tienen lugar en nuestro sistema político expresiones como Marcha Patriótica, la UP u otras fuerzas análogas, incluyendo las que salgan del proceso de paz? ¿Son ilegales, semilegales o legales de verdad verdad? ¿Son chuzables? ¿Matables? Mi respuesta: deben caber y ser legales, no matables ni chuzables, no sólo por decencia elemental (no: no pasa el test de decencia un país en donde a los líderes de la oposición y las organizaciones sociales los andan asesinando y amenazando), sino porque esas fuerzas, con todas las críticas que se les puedan hacer, tienen tanto un genuino potencial democrático como la capacidad de expresar demandas y perspectivas que han estado sistemáticamente subrepresentadas en nuestro sistema.
Hay otra pregunta, también de fácil formulación, pero ya no tan simple de contestar: ¿qué tanto nos falta para la paz? Estos episodios son en realidad una muestra de lo que podría significar ella para nuestro país —y de lo que podría dejar de pasar si alcanzáramos a llegar allá—. Pero también revelan que el problema de esta maratón no es de cronómetro, sino de políticas y capacidades que permitan llegar a la meta en buen estado. También, de saber asumir las consecuencias de las realidades políticas que se cristalizaron en los últimos dos años. Si algo demuestra la literatura internacional sobre los conflictos es que no hay paz, mucho menos un proceso en curso, irreversible. El desenlace no está, ni estuvo nunca, garantizado. Estas cosas son de suyo frágiles, y hay que cuidarlas: cuidarlas con política y con miradas de largo plazo sobre la sociedad y el Estado. La otra cara de la moneda es que la lógica del proceso obligó a muchos actores a pasar, no el, pero sí un Rubicón. Y si uno quiere pasar un río turbulento pero no asume las consecuencias, se lo traga la corriente.
Francisco Gutiérrez Sanín*
