YA QUE PARECE QUE, POR FIN, EL PROblema de la tierra en el campo vuelve a los primeros lugares de la agenda política, es bueno repensarlo a fondo.
En efecto, se trata de un asunto absolutamente fundamental para los colombianos, incluyendo a aquellos que —como este columnista y con seguridad la mayoría de sus lectores— son lo suficientemente urbanos como para creer que es un gran mérito distinguir un repollo de una lechuga.
Estos ocho años de Uribe no han hecho sino empeorar las cosas con una serie de reformas muy regresivas, puntuadas por grotescas bromas contra los sectores más vulnerables de la población. Éstas van mucho más allá de Carimagua y Agroingreso Seguro; se han convertido en una rutina, que expresa tanto un talante específico como la disposición de estar mandando permanentemente globos de prueba hasta que, agotada la resistencia, pueda imponerse el modus operandi de estos Robin Hoods invertidos. No más esta semana una unidad investigativa de El Tiempo narraba cómo el Incoder estaba despojando de un predio a unas decenas de campesinos desplazados para dárselas a una multinacional. Otros beneficiarios potenciales son paramilitares o sus testaferros, o reinas, o políticos bien conectados.
Más allá de la rabia que puedan producir estos episodios, quedan en pie tres hechos. En primer lugar, Uribe no ha hecho sino deteriorar una situación que de por sí era ya muy mala (y que por lo demás está relacionada con el propio ascenso de Uribe). Por razones complejas, y al contrario de sus vecinos, Colombia no pudo solucionar nunca su problema de una economía agraria muy desigual e ineficiente, vinculada a núcleos de poder terrateniente-ganadero. Segundo, como si no fuera suficiente, la guerra y el narco confluyeron para producir una enorme contra-reforma agraria, que está sin reversar. Está muy bien señalar las culpas de los proverbiales actores ilegales, pero estamos en mora de reconocer que éstos estuvieron íntimamente conectados con élites rurales que han sido sus compañeros de ruta durante lustros. La brutal inequidad se cruza con una profunda criminalización. Tercero, esto ha cambiado, ampliado pero también hecho más peligrosos, los vínculos entre círculos de grandes propietarios y el sistema político.
En este contexto, la Corte Constitucional —en una decisión innovadora que la enaltece— declaró que por motivo del desplazamiento masivo Colombia se encontraba en un “estado de cosas no constitucional”. Sin embargo, esto no ha impedido —como no podía hacerlo— la reproducción de este modelo agrario que es un terrible peso muerto para el país. Cargándolo no podemos aspirar legítimamente al crecimiento sostenido y al desarrollo. Los ciudadanos, incluyendo ciertamente a los tomadores de decisiones y a los tecnócratas, deberían considerar con seriedad este sencillo postulado, que la experiencia histórica de al menos la segunda posguerra corrobora una y otra vez.
Sólo nos podremos acercar a una solución a través de la política. Quizá sea posible lidiar con los peores escándalos de manera expedita: mandando un equipo de sanidad distrital a sellar al Incoder, por ejemplo. Eso sería bueno, y relativamente fácil. Pero el problema grande necesita soluciones imaginativas y diseños institucionales muy ambiciosos.
