La semana pasada arranqué con una columna moderadamente optimista, en parte para desafiar la corrección política en boga, en parte porque sabía que apenas empezáramos en firme el calendario de actividades públicas tendríamos que lidiar con muchos dolores de cabeza.
Bueno, pues ahora parece obligatorio tratar el asunto Petro, que en efecto se ha convertido en una jaqueca mayúscula. Mi punto de partida es el siguiente. Independientemente de la calidad de Petro como alcalde, su destitución por el procurador fue (y es) percibida como atrabiliaria. Un dato simple: según el más reciente sondeo de Datexco, el 50% de los encuestados rechaza la destitución, mientras que sólo el 25% la apoya. Estas cifras son muy elocuentes, sobre todo si se contrastan con los niveles de aprobación y rechazo del propio Petro y de su gestión, que han tendido a ser más bien desfavorables. Y más aún si se tiene en cuenta que la información sobre todo este episodio de los dos canales privados de televisión (de los cuales más del 80% de los colombianos toman su información política) ha sido impresionantemente sesgada.
La arbitrariedad y la irresponsabilidad de la sanción de Ordóñez dimanan de al menos cuatro fuentes. En primer lugar, es desproporcionada. A Samuel Moreno lo castigaron con un año de inhabilidad, a Petro con 15. Con pequeñez característica, Ordóñez ahora le echa la culpa de esto al fiscal general. Pero esta excusa no es verosímil. Segundo, castiga lo que no es. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se pueda sacar a un funcionario elegido si, verbigracia, resulta ladrón o cómplice de los ilegales. Pero a Petro lo están sancionando por gobernar y por hacerlo con su programa. Esto me lleva al tercer y cuarto puntos respectivamente.
Tercero: la primera “falta gravísima” de Petro fue imputar costos a diversos sectores de la población con el cambio de esquema de las basuras. Con esa lógica, se detiene totalmente la máquina de gobierno. Piense el lector en el tema de los pases. El Ministerio de Transporte decidió impulsar la renovación de los pases de cierta manera, y esto generó unas filas impresionantes. Entonces se echó para atrás y cambio el método. El cambio evidentemente castigó a los que se aguantaron las colas iniciales (se les pegoteó las vacaciones, etc.). Podría poner literalmente miles de ejemplos del mismo tenor, más o menos dramáticos, porque la función de gobernar implica muchos actos de este tipo. Pero Ordóñez escoge a una persona específica de todo este universo, de manera selectiva y discrecional (algo que también salta a la vista en el tema del medio ambiente).
Cuarto: la otra “falta gravísima” es haber deteriorado las condiciones de competencia de unas empresas. Si esta criminalización de la defensa de la provisión estatal de algunos servicios básicos, con una invocación leguleya a la Constitución, no es ideológica, entonces nada lo es. Una vez más: el tema es más que controversial, y uno podría escribir tomos enteros a favor de una u otra posición, o de alguna modalidad intermedia. Pero no puede ser que un cambio, más bien modesto, a la lógica del fundamentalismo del mercado se convierta en un crimen.
El problema adicional es que Ordóñez no es un fenómeno natural, ni un monstruo que haya salido del mar. Fue escogido para esa su posición de enorme poder por un sistema político y una coalición que estaban plenamente enterados de quién era el personaje. Ese sólo hecho anula la perezosa coartada del ministro del Interior (“dura es la ley, pero es la ley”). No: aquí no hay una prescripción legal inequívoca, como la que invoca esa referencia al mundo clásico, sino una decisión con unas dosis enormes de mala fe, de interpretación maliciosa, de equívoco cuidadosamente construido. Sobre su potencial desestabilizador hablaré después.
