Uno de los aspectos menos debatidos sobre la nefasta guerra contra las drogas es que constituye un escandaloso subsidio que pagan las democracias más débiles, atormentadas y pobres a los países ricos.
La cosa se puede plantear así. La prohibición global se puede implementar de dos maneras. O combatiendo la producción, o combatiendo el consumo. Hacer lo segundo tendría varias implicaciones. En primer lugar, castigar a los sectores más vulnerables de aquellos países. Esto de hecho ya sucede en los Estados Unidos, donde sucesivos estudios han mostrado que la población encarcelada por concepto de delitos relacionados con el ‘narco’ es desproporcionadamente pobre, negra e ‘hispana’ (que es como se clasifica a los migrantes de América Latina). En segundo lugar, tener que imponer sistemas de vigilancia y control que afectarían a millones de personas. Esto no sólo conllevaría problemas operativos inmanejables con la base tecnológica disponible, sino un conflicto político de magnitud. Significaría imponer restricciones severas sobre los ciudadanos, tener la capacidad —no sólo logística, lo cual ya es imponente, sino también legal— de hurgar en su vida y en sus espacios privados, y criminalizar a un sector enorme de la población. Pues los consumidores sociales de drogas, más que cualquier otra, probablemente constituyan la principal minoría de las democracias contemporáneas.
Éstas, por lo tanto, han construido una estrategia de tres componentes. Ante todo, al consumidor se lo trata como a un enfermo, y al problema se lo define como de salud pública. Después se establecen umbrales de tolerancia, con respecto de algunas drogas y para algunas prácticas. Finalmente se cae con el proverbial peso de la ley sobre todo aquello que pase por encima del umbral. Cada país desarrollado, de acuerdo con sus tradiciones, el predominio de un tipo de elector u otro, etc., adopta la clase de paquete que le conviene. Pero casi todos ellos, sin excepción, combinan estos tres carriles.
Pero es claro que una combinación semejante sólo puede conducir a la contención, en el mejor de los casos, no a la terminación del fenómeno. Son las dictaduras las que pueden aspirar a imponer costos prohibitivos sobre el mercado, y así reducirlo radicalmente. En China fusilan a los que cogen con las manos en la masa, como tuvo la ocasión de comprobar un infortunado taxista caleño. En Singapur hacen lo propio; en algún otro país del que no me quiero acordar los mutilan o castigan a latigazos. Esas derivas draconianas son simplemente impensables en una democracia. Enhorabuena. Pero a nosotros sí nos han impuesto el objetivo de cero hectáreas cultivadas. Nótese: no la contención del fenómeno, sino su destrucción. En principio, logísticamente debe de ser más fácil controlar a los productores que a los consumidores, pues son menos y dejan más huellas. Esta es la teoría; en la práctica, siguen siendo demasiados para cualquier policía del mundo, no hablemos ya de las de estados vulnerables, débiles y emproblemados. Y alguna otra teoría —una teoría superficial, que apenas merece ese nombre— podría sugerir también que las consecuencias para el régimen político son menos catastróficas si se ilegaliza a un porcentaje muy pequeño de la población, y no a la gran masa de consumidores. Pero la práctica de las últimas décadas ha mostrado que en realidad hemos tenido que incurrir en costos prohibitivos y hemos pagado con lágrimas de sangre las distorsiones, los atentados y las amenazas producidas por unas mafias que son producto directo de los diseños prohibicionistas.
Que los pobres subsidien a los ricos está mal, muy mal. Y que lo hagan masivamente, no sólo en dinero sino a través de copiosos sacrificios humanos, es aterrador. Está bien ser educado y mantener las formas: pero no hay que perder el sentido de la urgencia. Se trata de una pesadilla que hay que tratar de parar cuanto antes.
