LA FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ acaba de publicar un importante y cuidadoso informe (“¿Para dónde va el paramilitarismo en Colombia? - Siguiendo el conflicto N° 58”) en el que reflexiona sobre las dimensiones actuales del paramilitarismo.
Las ideas básicas del informe son las siguientes. Primera, aunque la desmovilización de 2003 tuvo éxitos innegables, dejó importantes rescoldos que —cuando se juntaron fuentes de financiación vía narco, mandos medios que no acompañaron el proceso y combatientes reincidentes— se reactivaron en las llamadas Bandas Criminales (Bacrim). Segunda, que no es cierto que las Bacrim sean simples agencias de delincuentes comunes; tienen objetivos políticos, reclaman funciones de coerción y control social, y privilegian —dada su trayectoria, su clientela y su inserción en la vida regional— la estabilidad impuesta a través de la violencia. Tercera, que las Bacrim conservan múltiples vínculos con las agencias de seguridad del Estado, como lo revela el horror de los llamados falsos positivos. Se podría agregar que tienen entre sus activos toda una serie de nexos con el sistema político, que les ofrecen acceso a recursos, protección, clientes bien ubicados y un papel en el establecimiento del orden regional.
Hay distintas evaluaciones sobre el tamaño de las Bacrim. Todas ellas coinciden en que son mucho menos grandes que el paramilitarismo que se reinsertó, pero que han alcanzado ya el suficiente tamaño y poder como para representar un serio desafío a la sociedad y al Estado, y tener un nivel de penetración en éste que va más allá de los escalones más bajos del aparato burocrático. Frente a esto surgen dos preguntas: ¿se hubiera podido diseñar mejor el proceso para evitar esta evolución? ¿Qué hacer de cara al futuro?
Me concentro aquí en la segunda. Creo que hay al menos cuatro requisitos indispensables para bloquear el crecimiento de este cáncer y eventualmente llegar a su pleno desmonte. El primero es una señal clara del liderazgo político. Haciendo un seguimiento de la respuesta de éste al episodio de los falsos positivos, se llega a la conclusión de que hasta el momento aquella ha sido deprimentemente ambigua (y reactiva, más centrada en los costos internacionales que en proteger a la sociedad de la catástrofe moral que implica la pasiva aceptación del asesinato de jóvenes indefensos por personas que portan las armas y los uniformes de la República, para que tales personas puedan obtener un asueto o vender unas municiones). Segundo, el desarrollo de políticas enérgicas para combatir la cooperación entre agentes del Estado y grupos ilegales que, en ciertas regiones, puedan contar con posiciones influyentes en la vida económica o política. Lo que muestra la dura prueba de los hechos es que los diseños institucionales que tenemos han sido hasta ahora claramente insuficientes. Tercero, hacer mucho más eficaz, y centralizar allí donde se pueda, la provisión de justicia. Por último, promover la democratización de la propiedad de la tierra —sin grandes terratenientes matones, las Bacrim empezarán a hallarse en un vacío social (sí, las Farc también)—.
En las cuatro dimensiones, vamos más bien en contravía. Esperemos problemas en el futuro.
