Alejandro Ordóñez le preguntó "¿cuál es el escándalo?" a un periodista que lo interrogaba acerca de su participación en sendas reuniones en la Costa Atlántica, en las que lanzó un par de diatribas —diferentes— contra el proceso de restitución. Mi función, alegó Ordóñez, es proteger a todos los ciudadanos colombianos; la estoy cumpliendo a cabalidad.
Pues sí: ¿Cuál es el escándalo? ¿No están Lafaurie y Ordóñez en su derecho de plantear críticas y defender a la sociedad civil? Son dudas que merecen ser contestadas, porque la restitución, que es una política benévola con muchas buenas implicaciones, tiene también toda una serie de falencias y defectos que están volviéndose evidentes. El tema de los segundos ocupantes es un buen ejemplo. La divergencia abismal entre los alcances y capacidades de la restitución y la magnitud del daño del que fueron víctimas los campesinos colombianos es otro. A esto se suma un estilo auto-referido de conducción de la política, impermeable a las críticas y a las demandas de ajuste, lo que hace rato ha generado algunos fenómenos complicados, como el manejo poco claro de las cifras sobre la cantidad de víctimas del despojo.
Así que motivos para plantear interrogantes los hay. Así mismo, hay inquietud en distintos sectores campesinos sobre el daño que podría causarles esta política pública. Es un tema que amerita un escrutinio cuidadoso. Pero lo que han ido a hacer Ordóñez y Lafaurie es otra cosa completamente distinta. Como lo ilustra un informe del Observatorio de Tierras, el Magdalena fue un epicentro del despojo paramilitar, con amplia participación de grandes ganaderos, en red con políticos y funcionarios (recomiendo su lectura; ver http://bit.ly/1SDHR2 en este diario). Es en este escenario en el que Lafaurie lanza su amenazante advertencia: “La restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir” (ver El Espectador, http://bit.ly/1TLhvBe). Nadie que haya estado en el Magdalena puede dejar de preguntarse por las implicaciones de este “no se los vamos a permitir”.
Ordóñez no fue tan lejos; pero invisibilizó completamente el despojo paramilitar. Para responder a su pregunta: el problema es que para él las únicas víctimas son las de la política del Estado, y solamente en el momento en que este, ¡por fin!, toma distancia con respecto de los despojadores. Las víctimas del horror paramilitar, quienes están a años luz de haber recibido cabal justicia, simplemente no existen; no habla de ellas, nunca, ni toma una sola acción para atender sus demandas. Por lo demás, la ofensiva de Ordóñez parece casar con las exigencias agresivas y amenazantes de Lafaurie, lo que les da un tinte abiertamente faccioso.
¿Qué piensa el lector? Eso a mí me parece, precisamente, un escándalo. Un escándalo inaudito, de hecho, porque toda esta inmoralidad se está llevando a cabo con plata mía, nuestra. Hay circunstancias agravantes. Por ahí circularon en la prensa y en las redes sociales unas declaraciones de Ordóñez en los 90 en las que legitimaba a las autodefensas. Nunca se desdijo. ¿Y cómo se manifestaron Fedegán o Lafaurie cuando los paramilitares estaban matando hasta el gato y robando tierras a placer? ¿Acaso se plantaron en la raya y declararon, como ahora, “no lo vamos a permitir”? No. Jamás dijeron nada. Nada es nada. Dejaron que múltiples lazos de complicidad con la ofensiva homicida y criminal se desarrollaran, sin decir nunca, NUNCA, esta boca es mía. Para mí que estos dos personajes tendrían que volver al Magdalena, sí, pero a pedir perdón; en nombre propio pero también en el de todo lo que representan.
Este episodio nefasto tiene implicaciones inmediatas, pero también para la política pública, sobre las que volveré en próximas semanas.
