EN SU DENUNCIA DE LA "EXTREMA izquierda" y la "extrema derecha" se observa de manera nítida que el presidente Santos está involucrado en un esfuerzo consciente por prolongar, en realidad reconstruir, el centro político colombiano, que fue tan dominante durante tanto tiempo.
Ese esfuerzo ha estado acompañado por actos, como la Ley de Víctimas, que podrían significar una reconfiguración positiva de largo plazo del Estado y la sociedad colombianos. Y sí, la mano negra que se opone a la restitución de tierras merece ser denunciada.
A la vez, el equipo de Gobierno debería evaluar cuidadosamente las razones por las cuales el centro finalmente se desagregó y perdió su hegemonía. Hay muchas. Por ejemplo, en la medida en que buscaba maximizar los apoyos, pasaba de agache ante eventos de corrupción para no granjearse enemigos. Este Gobierno busca superar tal práctica, pagando un buen costo político; punto a favor. Otro de los pecados mortales históricos de nuestro centrismo es el que yo llamo la trampa de las fuerzas oscuras. La cosa se puede plantear del siguiente modo. El lamentable deceso de Augusto Ramírez Ocampo nos recuerda, entre otras cosas, que dentro de los partidos tradicionales no faltaron pacifistas genuinos y figuras que nunca le apostaron al odio. Estas figuras eran sólo una voz entre muchas (esa es la gracia del centrismo), pero adquirieron en varias coyunturas poder real. Sin embargo, cada vez que tuvo lugar un ataque desestabilizador, por ejemplo un episodio homicida contra liderazgos populares o contra la oposición, los gobiernos de turno acudieron al expediente de achacarlo a las socorridas fuerzas oscuras, sin tomar medidas eficaces contra los actores concretos que estaban organizando y haciendo posibles tales episodios. Eso neutralizó severamente la capacidad civilizatoria del centro político colombiano. Las denuncias genéricas, sin doliente real, a menudo bien intencionadas y calculadas para tener buenos efectos políticos, terminaron espoleando la insolencia del matón impunido.
Ese mismo peligro se presenta ahora. Me pregunto si ya agarraron a los antisociales que asesinaron a un par de dirigentes campesinos en las narices del ministro de Agricultura. O si van a coger a los que segaron la vida de Ana Fabricia Córdoba. Este último episodio habla montones sobre los meandros del tema. No tengo ninguna evidencia que de alguna manera sugiera que el ministro del Interior no haya actuado de perfecta buena fe durante todo el episodio. A la vez, hay que ponerse en los zapatos de la líder malograda. Ella tenía la percepción de que un hijo suyo había sido asesinado por uniformados, y no es difícil imaginarse por qué no quería contar con un apoyo del que, comprensiblemente, desconfiaba. Este no es un problema puramente operacional, que se restrinja a mejorar los esquemas de protección. Se trata de estudiar en detalle los diseños que podrían bloquear y revertir la captura de agentes y sectores del Estado por parte de élites y actores profundamente involucrados en la violencia y en el despojo. Pues tenemos evidencias abrumadoras, también judiciales, de que esa captura se dio en materia grave.
A mí no me cabe duda de que la restitución es no sólo un acto elemental de justicia, sino un prerrequisito para la estabilización de largo plazo, el progreso y la modernización de este país. Condición necesaria aunque no suficiente: pero apuesta gigantesca. Aplausos al notable equipo que la está manejando. Pero cuando uno apuesta duro, hay que tener los ojos muy abiertos a todos los escollos y todas las trampas. Si el Gobierno no puede evadir la de las fuerzas oscuras, y no corre a preguntarse por las condiciones institucionales y políticas que le permitan proveer seguridad a sus interlocutores campesinos, muy pronto estaremos en serios problemas.
