Una sentencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de condenar el Estado colombiano por la destrucción masiva —“genocidio”, en palabras de todos los implicados, incluida la directora de la Agencia de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora— de un partido político de oposición, la Unión Patriótica (UP), a lo largo de los años.

La historia de todo ello es compleja, pero el desenlace es bastante fácil de resumir: destruyeron físicamente a miles de personas, bajo nuestras narices, por sus preferencias políticas. Un capítulo obsceno de nuestra historia. La conclusión de la Corte IDH constituye una gran victoria para la UP y para los familiares de las víctimas (de asesinato, de desaparición, también de torturas) que han esperado este acto de justicia por décadas, luego de que las autoridades les michicatearan palmo a palmo el reconocimiento debido.

Sostendría, a la vez, que es también un triunfo muy importante para todo el país y para el propio Estado. De hecho, eso fue lo que argumenté en un documento que me encargó Jahel Quiroga —entonces presidenta de la Corporación Reiniciar, hoy congresista y una persona con una trayectoria bastante extraordinaria—. Déjenme que les confiese que me siento muy orgulloso de haber contribuido con este proverbial grano de arena (nada más, pero tampoco nada menos) al proceso que culmina ahora. Lo que argumenté en esencia fue que el hecho de que se pueda acabar así con una fuerza opositora —además relativamente pequeña; por consiguiente, la omnipresente “teoría de la amenaza” no parece ser muy aplicable aquí— deteriora no solo las instituciones en su conjunto sino también cualquier forma de hacer política. Ni que hablar de “política democrática”.

Basta con cinco minutos de reflexión para entender por qué. Si “alguien” —las “fuerzas oscuras”— se encarga de asesinar a la gente que te estorba, tus capacidades de defender ciertos intereses en conversación y tensión con otros, de construir acuerdos, de establecer pactos que se puedan cumplir, de limitar divergencias por medio de inclusiones graduales se deterioran radicalmente. No las necesitas. Simplemente tienes que esperar a que los resultados esperados —X se murió, Y desapareció— se produzcan. Como aquella clase de operaciones son la esencia de la política convencional constructiva, nuestro centrismo nunca se civilizó; siempre tuvo una mano tendida hacia los matones.

Además, procesos como la destrucción de la UP generan señales públicas muy claras de cómo tratar las desavenencias. Es, literalmente, una educación en la violencia extrema: hacia la ciudadanía pero también hacia miles de funcionarios del Estado, que seguían en vivo y en directo lo que estaba pasando y en esencia entendían las razones subyacentes (complicidades “por acción y omisión”, dice la Corte IDH). Y, en efecto, para que pudiera ocurrir lo que ocurrió fueron necesarias toda una serie de redes muy poderosas de amigos (mandamases, energúmenos y gatilleros) que neutralizaran algunos de los mecanismos básicos de un régimen político que, como el nuestro, contaba con independencia judicial, separación de poderes, libertad de prensa, etc. (todo esto, claro, muy relativo, pero ni de lejos sólo cosmético o inane).

El genocidio es una expresión del mal absoluto —de la destrucción metódica de un grupo social al que se identifica y construye como matable—. Lo que estoy diciendo es que, aparte de los horrores inenarrables que implica, también envenena múltiples relaciones y actividades que afectan a todos. No son sólo la empatía y la decencia básicas sino el interés por construir un país vivible lo que nos liga a todos con la sentencia de la Corte IDH.

Además, ella por desgracia no se refiere a un pasado de pesadilla pero ya en esencia superado. Miren los documentos confidenciales de la masacre de Puerto Leguízamo, recientemente publicados por este diario. O las cifras de líderes sociales asesinados. La Corte IDH nos ha proporcionado un excelente motivo para pensar rutas de mejora con mucha más seriedad y eficacia de lo que lo estamos haciendo.