Unidad nacional y justicia

PERMÍTANME COMENZAR ESTA columna con una confesión patética. En mi ingenuidad, yo creía que uno participaba en las elecciones para ganarlas.

Por fin entendí que no. Uno se mete a una elección para sentirse puro, purísimo. Como para mirarse todas las mañanas en el espejo, darse una cachetada amistosa en la mejilla, y exclamar atónito: “¡Qué puro que soy!”.

Como Santos no ha alcanzado estas cumbres de comprensión verde-amarillas, es ya seguro que triunfará. La pregunta, entonces, es cómo interpretar su flamante programa de unidad nacional. Allá se promete de todo, entre otras cosas lucha contra la corrupción y la impunidad. Por desgracia, estas consignas tranquilizadoras no son creíbles. Los dos aspectos esenciales que deben considerarse en una propuesta de gobierno son quién la plantea, y los diseños institucionales a través de los cuales se pretende llevar a la práctica. En ambos particulares Santos se raja. Juan Manuel encabeza una coalición que estuvo sub judice a lo largo de estos ocho largos años. Sigue recibiendo el apoyo entusiasta de ex ministros y otras prominentes figuras públicas que han sido condenados, o están siendo procesados, por deprimentes picardías. Más aún, se proclama el continuador del régimen de Uribe, una de cuyas características básicas ha sido la permanente y turbulenta agresión contra el aparato de justicia. Los ataques de Uribe contra aquel han estado signados por cuatro características. Primero, el lenguaje incendiario. Segundo, el uso de acusaciones temerarias, sin que medie nunca una retractación. Tercero, la vinculación retórica de los blancos del momento con el terrorismo o el narco. Cuarto, el espíritu reactivo: se ataca a la justicia cuando produce fallos desfavorables o avanza en direcciones que indisponen al caudillo.

Es fácil demostrar que aquí hay un patrón, que revela de manera transparente la veta profundamente antidemocrática de la coalición de gobierno y los vínculos de un sector muy amplio de ella con actores ilegales. Como dijera lúcidamente Alejandro Gaviria, debido a lo anterior no se necesita una “prueba reina” o una orden escrita y notarizada para saber qué clase de ambiente lleva a acosos, chuzadas, persecuciones, quizás atentados: todo es parte de un “enorme sobreentendido”.

  Pues bien: esta es la gente que se apresta a llegar al poder. ¿Y cuál es la medida inmediata, más importante que propone Santos con respecto de la justicia? Pasar la Fiscalía al Ejecutivo. Esto significa que el Fiscal estará bajo las órdenes del Presidente. Se trata de una decisión —a estas alturas en realidad la única— que puede garantizar total impunidad a aquellos que participaron en el escándalo del DAS y en la yidispolítica. No sobra agregar que también socavaría de raíz el esfuerzo por abrir esa enorme caja negra de la parapolítica, que con tanto desespero se intenta mantener tapada. En nuestras condiciones actuales, el trasteo de la Fiscalía sería una catástrofe histórica.

La política no se agota en las elecciones. Ya que no pudo haber coalición para votar por un candidato no continuista, ¿será que al menos diversos sectores se pueden coaligar con la rapidez necesaria alrededor de la tarea urgente de defender a la Fiscalía?