Para quien conciba la política no como el chirriar de dientes y el sonido sordo de huesos al romperse, sino como el trámite de intereses y visiones diferenciados dentro de canales institucionales, al país finalmente le fue bien con la película del proyecto de educación superior.
Los estudiantes hicieron sentir su voz no a través de tropeles sino a través de un mensaje articulado que se hizo oír fuerte y claro; el Gobierno lo pensó dos veces, y el Congreso le dio cristiana sepultura al proyecto. La estridencia estuvo a cargo de Francisco Santos, quien, huyendo hacia adelante —un poco para hostilizar a su primo, otro mucho por su desesperada e insatisfecha necesidad de que lo tomen en serio— produjo un grotesco blog pidiendo ser duros y serios, lo que en su docto criterio implicaba salir en el acto a calmar a nuestros jóvenes a punta de corrientazos eléctricos. Una salida como para que este Santos aspire a los videos divertidos de Animal Planet (no, no en calidad de presentador). Cada vez más se me parece al José Arcadio de Cien años, que se volvió matón para que la gente no se fijara en que tenía nalgas de mujer. No se olviden de un detalle: este tipo estuvo encargado de los derechos humanos en nuestro país durante largos años.
Se me responderá que estoy pecando de optimista. Pues nos hubiéramos ahorrado todo el lío si no se hubiera intentado esta improvisada reforma. Y sí. Yo la consideré muy mala desde el principio, por muchas razones. Debido a límites de espacio no puedo entrar en los aspectos específicos del articulado que la hacían inaceptable. Pero aparte de estos problemas adolecía de tres pecados mortales. Primero, violaba un sencillo y valioso precepto conservador. No se cambia el statu quo sin saber muy bien a dónde se va. La verdad monda y lironda es que el equipo de gobierno parecía tener ideas bastante vagas acerca de cuál era el modelo educativo que quería para el país. Estas intuiciones —algunas acertadas, otras erróneas— no podían reemplazar a un instrumento que, como la ley 30, había servido como regulador aceptable durante lustros. Sí, sí, ya caducó. Pero cumplió un papel lo suficientemente importante como para que lo que la reemplace no esté muy bien pensado y no tenga vocación de duración. Segundo, no había la menor claridad acerca de cómo coordinar la búsqueda de objetivos valiosos en sí, pero parcialmente contradictorios. Toda ley educativa debe aspirar a aumentar la cobertura, propiciar la excelencia científica, etc. Bien, y en concreto ¿cómo se relacionan diseños, objetivos y resultados? En este último terreno había un vacío casi perfecto, y una palpable ignorancia con respecto de la experiencia de otros países en desarrollo. Y tercero, la concepción del papel de lo público en la educación superior era nociva y criticable.
Pero la cosa ya es, como reza la canción, “un periódico de ayer”. Estudiantes y Gobierno, a través de sucesivas fintas, propuestas y contrapropuestas, criticándose, a veces anticipándose mutuamente, abrieron la posibilidad de repensar el problema. Esto tiene un nombre bueno: política, política de verdad, no mudas y sudorosas peleas de alces por el territorio a lo Animal Planet. Pero ya se sabe: en la vida social no hay respiro. El final feliz de hoy es sólo el duro problema de mañana. Quedan múltiples puntos abiertos en la agenda educativa. De hecho, en los últimos años hubo ya una significativa privatización de facto, que ha castigado severamente a los estratos más pobres de la población. ¿Qué haremos frente a esto? ¿Cómo meterle músculo al programa de construir un establecimiento científico de verdad verdad, aprendiendo de la experiencia de otros países? Uno esperaría que la agenda se pueda repensar en un periodo razonable (seis meses, un año), y que la apuesta resultante sea seria, coherente y dialogue con experiencias relativamente exitosas de otros países. Este es el momento de agudizar nuestra —más bien atrofiada— imaginación reformista. La tarea está por hacer.
