¡Viva la política! ¡Abajo la política!

DURANTE ALGÚN TIEMPO SE PROPA-gó la ilusión de que los procesos políticos podrían ser reemplazados por los judiciales o, por lo menos, subordinados a una forma de decisión que fuera menos sesgada y más limpia.

Los límites de esa ilusión están quedando cada vez más al descubierto (como lo ha planteado Jeremy Waldron en un reciente, reflexivo y políticamente incorrecto libro). El hecho de que un juez estadounidense tumbara la más bien tímida reforma a la salud impulsada por Obama —independientemente de que después el gobierno logre resucitarla— muestra que las prerrogativas antimayoritarias de la justicia pueden actuar en cualquier dirección. De hecho, la representación tradicional de la justicia, una ciega blandiendo una espada, sugiere la idea de peligrosos golpes aleatorios.

Uno de ellos lo acaba de dar la Procuraduría, al comenzar acciones contra el M19, que algún juez podría extender contra la cúpula de esa organización, por los hechos del Palacio de Justicia. Hay sobre este particular dos premisas sobre las que tengo muy pocas dudas. Primero, la toma del Palacio de Justicia por el M19 fue una descabellada y deplorable aventura terrorista. Segundo, lo que hace la Procuraduría es injusto, profundamente desestabilizador y antidemocrático, y merece una enfática condena. Las premisas no se contradicen. El M19 combatió al Estado. El Estado lo amnistió de manera formal. No amnistió, en cambio, a los militares, por razones que fueron ampliamente discutidas durante la década de los ochentas y los noventas (algún lector recordará que Carlos Lleras Restrepo propuso el perdón para los uniformados, basado en las experiencias de los conflictos bipartidistas). Después, el M19 cumplió lealmente con sus compromisos. Es no sólo vil, sino también miope, que el Estado viole tan flagrantemente la palabra empeñada, pues después no podrá llegar a acuerdos sostenibles con nadie. Para volver a Estados Unidos, buena parte de la actividad de su sistema judicial depende de la capacidad de los fiscales de hacer pactos con los criminales y sus abogados —y esto a su vez es una función de que tales pactos tengan un mínimo de credibilidad—.

Aunque la Procuraduría no pertenece formalmente a la Rama Judicial, su actividad y lenguaje son jurídicos. Pero esto no hace sino subrayar la ambigüedad del tema, pues el procurador es escogido mediante procesos políticos. En el caso que comento, éstos han revelado sus imperfecciones y aterradoras ironías. Ellas se vuelven simple mascarada en el caso de la llamada Comisión de Acusación de la Cámara, ahora dirigida por alguien que al parecer falsificó sus certificados de estudios y que quiere mantener en la clandestinidad el supuesto juicio que se le sigue a Uribe por su posible involucramiento en gravísimas transgresiones. Uno entiende fácilmente por qué una persona con antecedentes de tal jaez necesite el secreto. Lo que no entiende es cómo ese diseño institucional se ha mantenido tanto tiempo.

La conclusión es simple. No hay fórmulas mágicas. a veces, el poder judicial puede jugar un papel estelar (lo hizo en nuestro país en los últimos ocho años, lo hace o trata de hacer en la Italia de Berlusconi). En esos conflictos con el ejecutivo, muchas veces aparece como defensora (antimayoritaria) de la democracia. Pero la activación política de los juristas no es una panacea. Ellos también necesitan quien los ronde. La paciente, compleja, poco estética, labor política —convencer, negociar, presionar, promover controles e ideologías del autocontrol— sigue más vigente que nunca.