EN COLOMBIA PASAN TANTAS COSAS al mismo tiempo que cualquiera que se monte a la vacaloca de comentar nuestros acontecimientos con alguna periodicidad sufre de crónica crisis de abundancia.
Esta semana tuvimos la muerte en combate del número uno de las Farc, la reforma al Estado, la movilización estudiantil contra la reforma universitaria y el ulterior retiro de ésta, el nuevo round Santos-Uribe, la crisis de la CAN... La maldición proverbial de vivir en tiempos interesantes.
Hay algunas coincidencias que le permiten a uno conectar elementos claves de este tráfago de acontecimientos. Por ejemplo, la muerte de Cano se produjo mientras se debatían el fuero militar y otras medidas. Quisiera explicar, con absoluta claridad y sencillez, por qué creo que cualquier medida que aumente la ya amplia intangibilidad de miembros de las Fuerzas Armadas acusados de agredir a civiles constituiría un error mayúsculo y significaría el desperdicio de una oportunidad de oro. Pues es también por cosas como estas que el Estado colombiano ha sido incapaz de transformar su enorme superioridad en paz duradera.
Creo que fue un general —Rojas Pinilla— quien definió a nuestra Violencia, con V mayúscula, como una combinación de grandes odios y pequeñas rencillas. No conozco ninguna descripción mejor. No hubiéramos tenido tal explosión si el choque de trenes en la cúpula no hubiera sido reforzado por miles de deudas cruzadas de sangre, con sus respectivos rencores indelebles, sus rabias acumulativas, sus envenenamientos paulatinos, sus razones para temer y odiar al adversario, eventualmente al Estado. Bueno, aprendan de esa lección que resumió tan lúcidamente el general Rojas. No le pidan gran fidelidad a las instituciones, a gentes a las que les han violado los hijos, o a las que le han disparado a mansalva, o a las que en algún momento han atacado o humillado gratuitamente. Esa demanda es inhumana e irreal. Ni digan tampoco que se trata de pocos casos. Primero, no lo son. Esto se puede documentar cómodamente. Pero, segundo, incluso si lo fueran constituirían una catástrofe moral, un problema serio de legitimidad política, y en un país como Colombia una puerta abierta para las opciones violentas.
El comandante del Ejército ha planteado, en una entrevista con Yamid Amat, una proposición que creo constituye el punto de partida razonable para una discusión sobre el tema. Los militares, que se juegan el pellejo en combate, tienen todo el derecho a la seguridad jurídica, para que, si hacen las cosas bien, reciban los debidos aplausos y, si hacen las cosas mal, les caiga el peso de la ley. Y si esta proposición es correcta, como en efecto lo es, la dulce oferta de un manto protector de impunidad por parte de algunos civiles extremistas es un insulto al honor de cualquier uniformado que se respete a sí mismo. Pero, además, es pura y cerrera falta de perspectiva estratégica, definida como la capacidad de transformar actos de fuerza en efectos políticos de largo plazo.
Discursos y reformas que sigan en la tónica iniciada en la década de los ochenta —cuando se generalizó la estigmatización de cualquier control sobre el uso de la fuerza por parte del Estado con el terrible mote de “síndrome de la Procuraduría”— no sólo abren ventanas de oportunidad para ataques antidemocráticos contra civiles que alguien quiera identificar con la subversión, sino también para violencias oportunistas de gentes que se escudan en el pretexto antisubversivo para servir a sus propios intereses (pero con las armas y el uniforme del Estado). Una y otra cosa inevitablemente producen desenlaces de pesadilla. Eso sí que es generar desmoralización y descomposición dentro de las instituciones y alimentar incesantemente los materiales explosivos sobre los que estamos sentados usted, amable lector, yo, y las gentes que nos gobiernan. O, en los términos del aforismo del general Rojas, darle pábulo a los odios y echarle gasolina a todas las rencillas. Así no vamos a llegar nunca a algo que remotamente se parezca a una democracia estable.
