Cambios en la Fuerza Pública

A la polémica noticia en El Espectador (¿Militarización o disuasión?) sobre el inicio de patrullajes de la Policía Militar (PM) en las calles de Bogotá, solicitados por la alcaldesa para ayudar a controlar la inseguridad, se sumó la información de que también habría soldados regulares. Al respecto, conviene recordar cuáles son las funciones militares y las de la Policía.

Desde la finalización de la Guerra de los 30 Años hasta la de la Segunda Guerra Mundial se decantó la misión de los militares de defender la soberanía nacional de las fronteras hacia el exterior. Este objetivo es diferente al de la Policía, que es mantener la seguridad ciudadana en los territorios nacionales, ojalá de manera preventiva. Sin embargo, con el tiempo –sobre todo en Latinoamérica por la ausencia de confrontaciones bélicas entre vecinos-- la misión militar varió debido a violencias domésticas. El mejor ejemplo es Colombia, donde a los militares los han destinado para controlar estas violencias. No obstante, y a pesar del crecimiento en efectivos militares –en especial en el Ejército--, las violencias han continuado alimentadas por la megadiversidad regional, guerrillas, paramilitares, GAO, narcotráfico, minería ilegal, ampliación ilegal de haciendas y otras causas.

Dadas la ausencia de guerras externas, el papel de la diplomacia y la mediación de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, el fracasado objetivo militar tradicional no tiene sentido y es hora de modificarlo formalmente. Pero los militares no pueden ejercer funciones policiales debido a que tienen una estructura vertical y el cumplimiento de órdenes de comandantes es directa y puntual. Sin embargo, al tener en cuenta la permanencia de organizaciones delincuenciales sería adecuado modificar algunas estructuras de la organización militar para que hagan presencia –con relativa autonomía-- en numerosos territorios abandonados por el Estado y respalden el trabajo de las autoridades civiles. Esos cambios en la organización militar no serían para acabar con su estructura tradicional, sino para adecuarla, con versatilidad, a la complejidad y dispersión de las violencias.

Así mismo, la Policía Nacional tendría que cambiar su estructura. También a causa de las violencias terminó convertida en un híbrido civil-militar, pese a que la actual Constitución la define como una fuerza civil armada. Además, es relativamente autónoma, pues depende del ministro de Defensa, generalmente desconocedor de la organización y las tareas policiales.

Por su parte, ante la ausencia de guerras con países vecinos, los gobiernos deberían recuperar sus funciones diplomáticas --directas y mediante organismos internacionales--, bajo un mandato legal obligatorio y dejar de nombrar en cargos diplomáticos a “amigotes” para pagar favores políticos. La diplomacia profesional debe servir de medio para no inmiscuirse en problemas internos de otros países (como Venezuela), mantener relaciones con ellos y dejar la función de intervención a organismos internacionales.

La elaboración de una propuesta formal acerca de los cambios señalados y otros complementarios debería encomendarse a un grupo de académicos estudiosos de la Fuerza Pública.

Ojalá que el próximo gobierno –con la esperanza de que sea de centro izquierda- se preocupara por planear y ejecutar tales transformaciones en la Fuerza Pública.