El difícil triunfo de Santos en la segunda vuelta se logró gracias al temor de disímiles sectores sociales frente a un eventual triunfo uribista y la consecuente ruptura de las conversaciones de La Habana.
No obstante la fragilidad de los partidos —expresada en la Unidad Nacional— y la debilidad política del Ministerio del Interior —agravada por el galimatías que armó Santos en su gabinete—, durante este semestre el Gobierno pudo sacar adelante en el Congreso reformas no tan adecuadas para las urgentes necesidades sociales del país. Y entremezclado con todo ello, pese a la persistente oposición del Centro Democrático, la relativa fortaleza del Gobierno se centró en el proceso de La Habana.
Los autoelogios gubernamentales del manejo de la política macroeconómica quedaron en entredicho tras el derrumbe de los precios del petróleo y la abrupta devaluación del peso, en una economía sustentada en el sector minero-energético. Además, la ausencia de ahorro frente al desequilibrio fiscal que se avecina en un futuro lleno de compromisos completó un panorama nada alentador. El sustento político proveniente de La Habana comenzó entonces a plantear interrogantes.
Pero el sorpresivo acuerdo de restablecer relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos desplazó a un segundo plano las inquietudes económicas y dejó en entredicho los argumentos ideológicos que alimentan a los opositores del proceso de La Habana. Y a esta coyuntura se sumó el cese al fuego unilateral e indefinido anunciado por las Farc. De esta manera se entrevé un final de año políticamente favorable para el Gobierno, que podría aprovechar para emprender mejor la dura tarea de afrontar las dificultades por venir.
La política gubernamental de orientación de la opinión pública frente al proceso de La Habana ha sido errática, pues ha obedecido más a circunstancias del momento que a un plan preestablecido. Y esas circunstancias han respondido en esencia a los repetitivos trinos uribistas, acolitados por su bancada domesticada y aplaudidos por sus seguidores obnubilados.
Es indispensable elaborar un plan dirigido a la opinión pública a favor del “proceso de paz”, con el fin de asegurar la refrendación de los acuerdos que se logren con las Farc. Asimismo es urgente concretar el inicio de negociaciones con el Eln, para evitar que se rezague de la dinámica generada en La Habana. Por su parte, las Farc deberían entender que es incuestionable acelerar el proceso si quieren garantizar su éxito.
Pero hay algo que no se ha manejado bien y que es indispensable corregir. Se trata de las resistencias a las negociaciones de La Habana que se han generado desde diversos frentes del estamento castrense, tanto en la reserva como en el servicio activo. Por eso, debería concretarse una estrategia diversificada de acuerdo con los sectores involucrados. Habría que tener en cuenta también la ausencia de liderazgos efectivos entre los militares.
No son, entonces, de poca monta las tareas que debería emprender el Ejecutivo nacional, evitando fisuras internas por las competencias desatadas a raíz del organigrama rediseñado en el gabinete para el segundo período presidencial. Además de este prospecto político deseable para beneficio de la Nación, habría que considerar también las resistencias que se generarán en la opinión pública a causa de las dificultades económicas que se avecinan. Así no se abandone el modelo de política económica oficial dominante, al menos deberían considerarse híbridos que no se limiten sólo a la relativamente aceptable política de transformación agraria.
