Al articular la historia de la Fuerza Pública con la debilidad política del Estado (sin presencia legítima en la mitad del territorio) y la frágil formación nacional (importancia de las regiones) sale a flote su tardía modernización, en un país con gran variedad territorial y enorme biodiversidad. La incapacidad de la Fuerza Pública para controlar todo el territorio nacional indujo su crecimiento y complejidad, sin que haya podido lograrlo. Este aumento de efectivos con un enredado organigrama se explica en términos políticos al observar su tardía y rápida modernización, con gobiernos improvisadores y diversidad de violencias que acompañan la historia nacional.
Lo que más ha afectado el desempeño de la Fuerza Pública han sido las improvisaciones gubernamentales y de los altos mandos, en medio de violencias e influencia de Estados Unidos —entrenamiento de militares en unidades gringas, Plan Colombia, aspersión aérea de herbicidas—, excepto la participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea (1951-1954), pues sirvió de base para la posterior modernización militar.
El planteamiento del presidente electo Alberto Lleras Camargo ante los militares en 1958 acerca de no entrometerse en asuntos militares para que a la vez ellos no se inmiscuyeran en política se justificó en su momento, dado el amago de golpe a la Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, hizo carrera y se convirtió en dogma. De ahí en adelante la tendencia han sido las improvisaciones militares ante la falta de normas estructuradas de orientación militar, que podrían sintetizarse en la ausencia de una ley de seguridad y defensa. La excepción fueron las órdenes a los militares por parte del presidente Uribe Vélez y sus dañinos efectos, como los “falsos positivos”. La rueda suelta de la improvisación militar —incluidos sus actos delictivos— se enredó más a partir de 1991, tras el nombramiento de ministros de Defensa civiles ignorantes del intríngulis castrense.
En cuanto a la Policía, su nacionalización —había departamentales y municipales— (1960) y posterior dependencia del ministro de Defensa —no del Ministerio— (1993), además de su anterior militarización —subordinación al régimen de justicia penal militar y jerarquización similar a la castrense—, ratificaron su carácter de rueda suelta dada la ignorancia en temas y funciones policiales por parte de la mayoría de ministros de esa cartera.
Al entrelazar estos hechos con las debilidades estatal y nacional, la persistencia de violencias y las improvisaciones políticas gubernamentales, no se vislumbra un horizonte optimista hacia una articulación política militar y policial que contribuya a que el Estado controle la totalidad del territorio nacional (cultivos ilícitos, minería ilegal, narcotráfico, bandas criminales, asesinato de líderes sociales, corrupción, etc.).
Pero como la fatalidad no es propia de las relaciones políticas, es necesario trabajar de manera colectiva para cambiar las tendencias que se divisan hacia el futuro. Las elecciones del próximo año son un primer paso para mejorar la composición del Congreso y lograr un gobierno eficaz y eficiente que busque solucionar los problemas estructurales de la Fuerza Pública, junto con los graves problemas sociales del país.
Al articular la historia de la Fuerza Pública con la debilidad política del Estado (sin presencia legítima en la mitad del territorio) y la frágil formación nacional (importancia de las regiones) sale a flote su tardía modernización, en un país con gran variedad territorial y enorme biodiversidad. La incapacidad de la Fuerza Pública para controlar todo el territorio nacional indujo su crecimiento y complejidad, sin que haya podido lograrlo. Este aumento de efectivos con un enredado organigrama se explica en términos políticos al observar su tardía y rápida modernización, con gobiernos improvisadores y diversidad de violencias que acompañan la historia nacional.
Lo que más ha afectado el desempeño de la Fuerza Pública han sido las improvisaciones gubernamentales y de los altos mandos, en medio de violencias e influencia de Estados Unidos —entrenamiento de militares en unidades gringas, Plan Colombia, aspersión aérea de herbicidas—, excepto la participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea (1951-1954), pues sirvió de base para la posterior modernización militar.
El planteamiento del presidente electo Alberto Lleras Camargo ante los militares en 1958 acerca de no entrometerse en asuntos militares para que a la vez ellos no se inmiscuyeran en política se justificó en su momento, dado el amago de golpe a la Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, hizo carrera y se convirtió en dogma. De ahí en adelante la tendencia han sido las improvisaciones militares ante la falta de normas estructuradas de orientación militar, que podrían sintetizarse en la ausencia de una ley de seguridad y defensa. La excepción fueron las órdenes a los militares por parte del presidente Uribe Vélez y sus dañinos efectos, como los “falsos positivos”. La rueda suelta de la improvisación militar —incluidos sus actos delictivos— se enredó más a partir de 1991, tras el nombramiento de ministros de Defensa civiles ignorantes del intríngulis castrense.
En cuanto a la Policía, su nacionalización —había departamentales y municipales— (1960) y posterior dependencia del ministro de Defensa —no del Ministerio— (1993), además de su anterior militarización —subordinación al régimen de justicia penal militar y jerarquización similar a la castrense—, ratificaron su carácter de rueda suelta dada la ignorancia en temas y funciones policiales por parte de la mayoría de ministros de esa cartera.
Al entrelazar estos hechos con las debilidades estatal y nacional, la persistencia de violencias y las improvisaciones políticas gubernamentales, no se vislumbra un horizonte optimista hacia una articulación política militar y policial que contribuya a que el Estado controle la totalidad del territorio nacional (cultivos ilícitos, minería ilegal, narcotráfico, bandas criminales, asesinato de líderes sociales, corrupción, etc.).
Pero como la fatalidad no es propia de las relaciones políticas, es necesario trabajar de manera colectiva para cambiar las tendencias que se divisan hacia el futuro. Las elecciones del próximo año son un primer paso para mejorar la composición del Congreso y lograr un gobierno eficaz y eficiente que busque solucionar los problemas estructurales de la Fuerza Pública, junto con los graves problemas sociales del país.