En su columna del pasado 16 de marzo, en El Tiempo, el padre Francisco de Roux afirmaba que “si queremos acabar la corrupción, la formación ética y moral debe iniciarse en la infancia”. Nada más contundente para curar esa epidemia que nos asuela. Al respecto, planteo algunos hechos históricos.
En la Colombia premoderna que me tocó vivir en mi infancia e inicios de la edad adulta, en todos los programas de escuelas y colegios había una materia obligatoria: educación cívica (conductas éticas en todas las relaciones sociales). Pero con la modernización capitalista del país esa materia desapareció.
El Frente Nacional (1958-1974) acabó con la ideología y la violencia sectarias entre las élites liberales y conservadoras (la Violencia: 1946-1965), pero no en el resto de clases sociales. Con ese régimen político comenzó la expansión de la burocracia oficial: miti-miti entre liberales y conservadores. Además, eliminó la oposición democrática, estimulando el crecimiento de la oposición armada (guerrillas) que, mediante la violencia política, alimentó las demás violencias. Y, por temor a otro golpe militar, sus gobiernos evitaron formular políticas militares de Estado. Tal inhibición se prolongó por el resto del siglo para beneficio de la subversión. El Frente Nacional aceleró la modernización capitalista —frenada por la confrontación sectaria entre las élites—, facilitando el crecimiento presupuestal del Estado, con más exportaciones, importaciones, impuestos directos e indirectos, contratación de obras públicas, etc.
La prolongación, de hecho, del Frente Nacional hasta la Constitución de 1991, comenzando con la reforma constitucional de 1968 (desmonte progresivo de la alternación bipartidista y la paridad parlamentaria, que dejó vigente la continuidad de la coalición bipartidista en la burocracia: “participación adecuada y equitativa del segundo partido en votos”) prolongó también los rezagos antidemocráticos de ese régimen político.
La positiva desaparición del sectarismo político entre liberales y conservadores —que alimentaba mediante la violencia la reproducción bipartidista— debilitó los partidos tradicionales, permitiendo el surgimiento de otros que también se debilitaron. Además, sustituyó la función sectaria de reproducción bipartidista por el clientelismo (uso de bienes públicos para beneficio personal), con su consecuencia natural: la corrupción (apropiación personal de bienes públicos), generalizada mediante la expansión del clientelismo.
Esta cadena de acontecimientos negativos, propia de un Estado políticamente débil y sin presencia institucional en gran parte del territorio nacional, no se contrarresta con buena voluntad de los políticos honestos que sobreviven al caos generalizado. Solamente mediante un persistente proceso de inculcar valores éticos y morales desde la niñez será posible comenzar a salir del berenjenal que invade el ansia generalizada de enriquecimiento fácil, estimulado por el crecimiento de la economía (¿modernización?) a cualquier precio.
Regresar a la obligatoriedad de la educación cívica —adaptada a la sociedad actual— en todos los niveles de enseñanza: escuelas, colegios y universidades, es apenas un inicio, pero en la dirección correcta. De manera complementaria, imponer la enseñanza de cultura ciudadana como obligación en todos los niveles gubernamentales —nacional, departamental y municipal— es indispensable ante el abandono de una práctica pasajera, pero que mostró su eficacia en la Bogotá de la alcaldía de Mockus. El Instituto de Cultura y Turismo, por ejemplo, creó una orden llamada los Caballeros de la Cebra, exitosa en la implementación de normas de tránsito, como lo recordó Rafael Orduz en un artículo el pasado 20 de febrero en Las2Orillas. Pero no sólo en áreas urbanas sino también en las rurales, como el control en playas y senderos para evitar la contaminación con desechos malignos, como los plásticos de envases y talegos.
Hay que comenzar, entonces, a promover normas obligatorias que induzcan una educación pública generalizada, tanto formal —en establecimientos educativos— como informal —en lugares públicos—. Sería un buen comienzo para combatir las corruptelas que se han generalizado.
* Miembro de La Paz Querida.
En su columna del pasado 16 de marzo, en El Tiempo, el padre Francisco de Roux afirmaba que “si queremos acabar la corrupción, la formación ética y moral debe iniciarse en la infancia”. Nada más contundente para curar esa epidemia que nos asuela. Al respecto, planteo algunos hechos históricos.
En la Colombia premoderna que me tocó vivir en mi infancia e inicios de la edad adulta, en todos los programas de escuelas y colegios había una materia obligatoria: educación cívica (conductas éticas en todas las relaciones sociales). Pero con la modernización capitalista del país esa materia desapareció.
El Frente Nacional (1958-1974) acabó con la ideología y la violencia sectarias entre las élites liberales y conservadoras (la Violencia: 1946-1965), pero no en el resto de clases sociales. Con ese régimen político comenzó la expansión de la burocracia oficial: miti-miti entre liberales y conservadores. Además, eliminó la oposición democrática, estimulando el crecimiento de la oposición armada (guerrillas) que, mediante la violencia política, alimentó las demás violencias. Y, por temor a otro golpe militar, sus gobiernos evitaron formular políticas militares de Estado. Tal inhibición se prolongó por el resto del siglo para beneficio de la subversión. El Frente Nacional aceleró la modernización capitalista —frenada por la confrontación sectaria entre las élites—, facilitando el crecimiento presupuestal del Estado, con más exportaciones, importaciones, impuestos directos e indirectos, contratación de obras públicas, etc.
La prolongación, de hecho, del Frente Nacional hasta la Constitución de 1991, comenzando con la reforma constitucional de 1968 (desmonte progresivo de la alternación bipartidista y la paridad parlamentaria, que dejó vigente la continuidad de la coalición bipartidista en la burocracia: “participación adecuada y equitativa del segundo partido en votos”) prolongó también los rezagos antidemocráticos de ese régimen político.
La positiva desaparición del sectarismo político entre liberales y conservadores —que alimentaba mediante la violencia la reproducción bipartidista— debilitó los partidos tradicionales, permitiendo el surgimiento de otros que también se debilitaron. Además, sustituyó la función sectaria de reproducción bipartidista por el clientelismo (uso de bienes públicos para beneficio personal), con su consecuencia natural: la corrupción (apropiación personal de bienes públicos), generalizada mediante la expansión del clientelismo.
Esta cadena de acontecimientos negativos, propia de un Estado políticamente débil y sin presencia institucional en gran parte del territorio nacional, no se contrarresta con buena voluntad de los políticos honestos que sobreviven al caos generalizado. Solamente mediante un persistente proceso de inculcar valores éticos y morales desde la niñez será posible comenzar a salir del berenjenal que invade el ansia generalizada de enriquecimiento fácil, estimulado por el crecimiento de la economía (¿modernización?) a cualquier precio.
Regresar a la obligatoriedad de la educación cívica —adaptada a la sociedad actual— en todos los niveles de enseñanza: escuelas, colegios y universidades, es apenas un inicio, pero en la dirección correcta. De manera complementaria, imponer la enseñanza de cultura ciudadana como obligación en todos los niveles gubernamentales —nacional, departamental y municipal— es indispensable ante el abandono de una práctica pasajera, pero que mostró su eficacia en la Bogotá de la alcaldía de Mockus. El Instituto de Cultura y Turismo, por ejemplo, creó una orden llamada los Caballeros de la Cebra, exitosa en la implementación de normas de tránsito, como lo recordó Rafael Orduz en un artículo el pasado 20 de febrero en Las2Orillas. Pero no sólo en áreas urbanas sino también en las rurales, como el control en playas y senderos para evitar la contaminación con desechos malignos, como los plásticos de envases y talegos.
Hay que comenzar, entonces, a promover normas obligatorias que induzcan una educación pública generalizada, tanto formal —en establecimientos educativos— como informal —en lugares públicos—. Sería un buen comienzo para combatir las corruptelas que se han generalizado.
* Miembro de La Paz Querida.