La Policía ha sido blanco de muchas críticas, unas más ponderadas que otras, aunque todas hacen parte de la agitación producida por la compleja coyuntura por la que atraviesa el país.
El problema no es de ahora, sino que es una más de las complicadas aristas que presenta la Fuerza Pública. A grandes rasgos, miremos el proceso en el caso de la Policía.
El enredo comenzó el 9 de abril, cuando parte de la Policía se sublevó al acompañar al pueblo enardecido en medio del Bogotazo. La reestructuración de sus tres niveles (nacional, departamental y municipal) desembocó, ya en los años cincuenta, en una unificación como cuerpo nacional militarizado y cuarto componente de las Fuerzas Armadas. En 1960 se formalizó la nacionalización de la Policía, que pasó a depender del ministro de Guerra —no del ministerio—. Pero la estructura de la Policía continuó siendo militar, hasta llegar a la Carta del 91. La Policía Nacional fue ubicada entonces como un cuerpo armado de naturaleza civil, diferente a las tres fuerzas militares.
La Policía Nacional tardó un año más en liberarse del karma de estar subordinada a la autoridad militar. Así, en 1992, la cartera de Defensa pasó a ser ocupada por civiles. Aunque algunas reformas —como la del 93— han buscado reducir su organización militar —como el cambio de nombre de agente a patrullero o suboficial a subintendente e intendente—, el hecho es que el peso de la inercia y del conflicto armado interno han impedido cambios que son necesarios, en particular que se dedique en esencia a la seguridad ciudadana.
Su estatus especial y sus funciones polivalentes —incluida la de antinarcóticos, por imposición gringa— han convertido a la Policía Nacional en una especie de “rueda suelta”. No es de extrañar, entonces, que haya cierta rendición de cuentas de la Policía a la Embajada de Estados Unidos, a veces más que al propio despacho del ministro de Defensa.
En vísperas de la agitada coyuntura de paros y movilizaciones se escuchó la idea del Ejecutivo de conformar con la Policía un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Ahora, en medio de las reiteradas críticas, parece oportuno volver al tema.
Es posible que con ese eventual ministerio haya un mayor control político, pero no parece que sea la mejor fórmula. El argumento de que bajo el Ministerio del Interior correría el riesgo de politizarse, no es muy sólido. Factores similares podrían esgrimirse con una nueva cartera.
Con el paso de la Policía al Ministerio del Interior habría oportunidad de rescatar esta dependencia de su condición de “minusválido” político y darle el peso y la proyección necesarios para que cumpla sus funciones a cabalidad. Por ejemplo, el hecho de que esta cartera dependa de otras instituciones para obtener información necesaria para cumplir con sus funciones, podría solucionarse al tener a la Policía bajo su jurisdicción. Gran parte de la fortaleza de este cuerpo radica en la capacidad de su agencia de inteligencia.
Entre las reformas de fortalecimiento político de la cartera del Interior estaría la de manejar de manera directa, bajo un viceministerio, la actual inteligencia de la Policía. Otro viceministerio sería el de la Policía Nacional y uno más para los cuerpos del Estado que ejercen funciones de policía. Entre otros, éstos cambios garantizarían independencia y fortaleza política unificadora del Ejecutivo y mayor control a la Policía.
La Policía ha sido blanco de muchas críticas, unas más ponderadas que otras, aunque todas hacen parte de la agitación producida por la compleja coyuntura por la que atraviesa el país.
El problema no es de ahora, sino que es una más de las complicadas aristas que presenta la Fuerza Pública. A grandes rasgos, miremos el proceso en el caso de la Policía.
El enredo comenzó el 9 de abril, cuando parte de la Policía se sublevó al acompañar al pueblo enardecido en medio del Bogotazo. La reestructuración de sus tres niveles (nacional, departamental y municipal) desembocó, ya en los años cincuenta, en una unificación como cuerpo nacional militarizado y cuarto componente de las Fuerzas Armadas. En 1960 se formalizó la nacionalización de la Policía, que pasó a depender del ministro de Guerra —no del ministerio—. Pero la estructura de la Policía continuó siendo militar, hasta llegar a la Carta del 91. La Policía Nacional fue ubicada entonces como un cuerpo armado de naturaleza civil, diferente a las tres fuerzas militares.
La Policía Nacional tardó un año más en liberarse del karma de estar subordinada a la autoridad militar. Así, en 1992, la cartera de Defensa pasó a ser ocupada por civiles. Aunque algunas reformas —como la del 93— han buscado reducir su organización militar —como el cambio de nombre de agente a patrullero o suboficial a subintendente e intendente—, el hecho es que el peso de la inercia y del conflicto armado interno han impedido cambios que son necesarios, en particular que se dedique en esencia a la seguridad ciudadana.
Su estatus especial y sus funciones polivalentes —incluida la de antinarcóticos, por imposición gringa— han convertido a la Policía Nacional en una especie de “rueda suelta”. No es de extrañar, entonces, que haya cierta rendición de cuentas de la Policía a la Embajada de Estados Unidos, a veces más que al propio despacho del ministro de Defensa.
En vísperas de la agitada coyuntura de paros y movilizaciones se escuchó la idea del Ejecutivo de conformar con la Policía un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Ahora, en medio de las reiteradas críticas, parece oportuno volver al tema.
Es posible que con ese eventual ministerio haya un mayor control político, pero no parece que sea la mejor fórmula. El argumento de que bajo el Ministerio del Interior correría el riesgo de politizarse, no es muy sólido. Factores similares podrían esgrimirse con una nueva cartera.
Con el paso de la Policía al Ministerio del Interior habría oportunidad de rescatar esta dependencia de su condición de “minusválido” político y darle el peso y la proyección necesarios para que cumpla sus funciones a cabalidad. Por ejemplo, el hecho de que esta cartera dependa de otras instituciones para obtener información necesaria para cumplir con sus funciones, podría solucionarse al tener a la Policía bajo su jurisdicción. Gran parte de la fortaleza de este cuerpo radica en la capacidad de su agencia de inteligencia.
Entre las reformas de fortalecimiento político de la cartera del Interior estaría la de manejar de manera directa, bajo un viceministerio, la actual inteligencia de la Policía. Otro viceministerio sería el de la Policía Nacional y uno más para los cuerpos del Estado que ejercen funciones de policía. Entre otros, éstos cambios garantizarían independencia y fortaleza política unificadora del Ejecutivo y mayor control a la Policía.