En varios países latinoamericanos —incluido Colombia— hubo protestas a finales de 2019 y comienzos del 2020, interrumpidas por la pandemia. Pero las que se iniciaron este año en el país las superan. Algunas características históricas ayudan a entender esta inédita situación. A ellas se suman decisiones erradas del Gobierno.
Con respecto al tamaño de su territorio, Colombia es el país más regionalizado de la región, con más fuentes hídricas y gran biodiversidad. Hasta hace poco más de un siglo hubo escasas inmigraciones distintas a las de la colonización. Y hasta hace menos de un siglo la población nacional era relativamente pequeña, ubicada de manera dispersa en regiones separadas y con poca comunicación entre sí. Esto indujo una formación nacional débil y un Estado sin presencia legítima en más de la mitad de su territorio. La población se identificaba más con sus regiones que con la nación. Su percepción de los gobiernos nacionales era lejana. Pero la fragilidad estatal desestimuló dictaduras y posibilitó la continuidad democrática, aunque con debilidades y falencias.
Esta fragilidad indujo guerras civiles en el siglo XIX y confrontaciones entre los partidos Liberal y Conservador con los cambios de hegemonías unipartidistas. A ello se sumó la guerra civil no declarada conocida como La Violencia (1946-1965). El acuerdo del Frente Nacional (1958-1974) para frenar este conflicto no contempló oposición democrática, con lo cual facilitó el surgimiento de guerrillas (Farc, Eln, Epl, M-19…) y la prolongación de gobiernos compartidos hasta 1990, además del nacimiento del paramilitarismo y la expansión del narcotráfico.
La industrialización dependiente, derivada de la exportación de productos primarios, fue tardía frente a varios países de la región: comenzó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. A ello se agregó un mayor crecimiento de la población y la concentración permanente de la riqueza y el ingreso, que se sumó a la antigua concentración de la tenencia de la tierra. Poco después y debido a la expansión de las violencias, el crecimiento de las principales ciudades se disparó mediante migraciones rurales. Surgieron así barrios informales y aumentaron las desigualdades sociales, la informalidad laboral y el desempleo.
A lo anterior se sumó un mayor debilitamiento de la democracia liberal. La fragilidad de la formación nacional y del Estado contribuyó a la de los gobiernos, lo que facilitó vicios políticos que se incrementaron a la par de la concentración del ingreso y la riqueza. El caciquismo premoderno se transformó en clientelismo, al que se le añadieron corruptelas en instituciones estatales y privadas.
Entre los últimos gobiernos, el actual es el que más ha falseado principios democráticos, como el equilibrio de poderes (pesos y contrapesos), además de la escasa capacidad administrativa del presidente y su inexperiencia política.
De esta manera, las características históricas descritas facilitaron el estallido de una crisis sin precedentes, cuya chispa fue la persistencia del Gobierno en una reforma tributaria regresiva, en medio de obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, asesinato de líderes sociales, deterioro de la economía y la pandemia. Además, el Gobierno respondió a las exigencias de negociación de los promotores del paro tras más de 20 días de iniciado. Las más afectadas han sido las juventudes.