Fuerza pública (r) vs. Comisión de la Verdad (I)

La “reserva activa” de la fuerza pública, presidida por ACORE (Asociación colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM.), con la firma de 52 federaciones y asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de la reserva presentaron un “Comunicado a la Opinión Pública sobre el Informe Final Comisión de la Verdad”, CEV. En él afirman que “Desafortunadamente esta comisión desde su creación no genera credibilidad por los procedimientos y personas que hicieron parte del proceso de selección, así como los comisionados que la integraron donde se denota marcado sesgo ideológico (…) que no garantiza la imparcialidad de sus informes. (…) durante los procesos y metodologías que se siguieron no se tuvieron en cuenta a todas las víctimas, lo cual significa una falta de equilibrio en los resultados. (…) Reafirmamos que los hechos criminales de homicidios en personas protegidas, mal llamados `falsos positivos´, se cometieron bajo responsabilidad individual de un mínimo porcentaje del Ejército Nacional y en ningún documento oficial, ni del mando militar o civil se ordenaron este tipo de actuaciones delictivas (…) sentimos con preocupación cómo este informe se aleja de una verdad incluyente, base y fundamento para crear condiciones necesarias de una efectiva y sincera reconciliación”.

La firma de 52 organizaciones, muy pocas de las cuales son conocidas, da a entender que la carta representa a la totalidad de la fuerza pública en retiro, pero queda la duda si hay voces no representadas. Los firmantes desestiman el arduo trabajo de cerca de cuatro años de la CEV, expresado en un enorme texto anclado en más de 29.500 testimonios de personas de diferentes sectores sociales, escrito bajo la tutela de diez comsionados y comisionadas (dos fallecieron y uno renunció), presididos por el jesuita Francisco de Roux. Este informe inédito sobre graves violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH, presenta una visión balanceada que refleja la ética de su presidente y muestra la enorme complejidad de un país con una historia llena de violencias de distinto orden.

Para dar una idea sobre la magnitud del problema estudiado, según síntesis de La Paz Querida, más de 90 % de las víctimas son civiles; al menos 20 % de la población resultó directamente afectada por el conflicto armado, que dejó más de nueve millones de víctimas: cerca de medio millón asesinadas y más de 100.000 objeto de desaparición forzada; nueve de cada diez víctimas mortales son civiles, casi todos de la población rural; 42 % de los asesinatos selectivos son atribuidos a paramilitares, 16 % a guerrillas, 3 % a agentes del Estado y 35 % a autores desconocidos; la mayoría de masacres fueron ejecutadas por paramilitares con apoyo de la fuerza pública; entre 1996 y 2008 la violencia contra civiles se extendió por el país generando 75 % de las víctimas del conflicto armado; entre 1990 y 2018, alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro. Esta lista de atrocidades podría continuar indefinidamente.

Como se verá luego, las afirmaciones del Comunicado de la “reserva activa”, ante un enorme trabajo pleno de detalles, denotan falta de profundidad y sentido crítico.