En la columna anterior anotaba que la “reserva activa” de la fuerza pública, presidida por ACORE, presentó un “Comunicado a la opinión pública sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad” (CEV), firmado por 52 organizaciones, donde afirma que esta comisión no genera credibilidad por los procedimientos y las personas que hicieron parte del proceso de selección, así como los comisionados que la integraron, debido a su “marcado sesgo ideológico”. Además, reafirma que los “falsos positivos” se cometieron bajo responsabilidad individual y que no hubo documentos oficiales que ordenaran estas actuaciones delictivas.
Dada la complejidad y los sólidos soportes del extenso informe de la CEV, es claro que quienes redactaron tal comunicado no lo leyeron ni analizaron de manera adecuada en tan corto tiempo. La ligereza de las afirmaciones que contiene el comunicado sugiere que el “marcado sesgo ideológico” es más bien atribuible a la “reserva activa”, que tiene una historia llena de prevenciones políticas y posiciones de derecha, en particular desde finales del gobierno del “presidente eterno”.
Cuando Uribe alcanzó la Presidencia a comienzos de este siglo heredó la inexistencia de una ley de seguridad y defensa que facilitó las improvisaciones gubernamentales en el manejo del “orden público” durante la segunda mitad del siglo pasado, en un país con violencias sin fin, incluidas las del paramilitarismo, complemento castrense en acciones delincuenciales. Desde los inicios de su gobierno, Uribe pretendió controlar la fuerza pública con decisiones y órdenes amañadas, que sirvieron para estimular los “falsos positivos”. Entre 2002 y 2008 hubo al menos 6.402 casos que fueron sustentados por la JEP.
Estos crímenes no fueron los únicos perpetrados por la fuerza pública, ni tampoco “se cometieron bajo responsabilidad individual”. Documentos oficiales y mandos militares incentivaron actuaciones delictivas, como la Directiva 029 de 2005, del Ministerio de Defensa, que reglamentó el pago de recompensas de hasta $3’800.000 a militares por capturar o dar de baja a guerrilleros. Por su parte, un par de casos, entre muchos, publicitados hace poco, muestran lo acontecido durante años. En audiencias de reconocimiento de responsabilidades ante la JEP, se conocieron atrocidades cometidas por el Batallón La Popa, con sede en Valledupar. Según exmiembros de esta unidad, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, cuando comandaron esta unidad, negociaron con paramilitares la entrega de civiles que fueron asesinados. Fueron 127 inocentes que hicieron pasar por bajas en combate, entre 2002 y 2005. Por otro lado, la JEP conoció que en el cementerio de Dabeiba fueron a parar 49 civiles asesinados y presentados como bajas en combate, entre 1997 y 2006, por 10 miembros del Ejército que fueron imputados.
Al tener en cuenta esta delicada situación histórica, es de esperar que Iván Velásquez, designado ministro de Defensa, se apoye en su reconocida rectitud ética para adelantar cambios necesarios y enderezar la fuerza pública por caminos adecuados para beneficio de la seguridad de todos y de la democracia.
