En la columna pasada señalé que el déficit de la economía del país va en aumento y sin control por parte de un Gobierno nacional botaratas. También, que la esperanza (¿utópica?) para recuperar la economía radica en un próximo gobierno de centroizquierda, ojalá con apoyo inicial del nuevo Congreso. Entre las numerosas medidas posibles —que habría que difundir en esta coyuntura electoral— están los ajustes en exenciones de impuestos de renta e IVA, pensiones que deberían pagar impuestos, aumento de impuestos prediales ínfimos a terratenientes e impuestos a innumerables religiones que pululan en el país desde hace cerca de 50 años. Esto —y mucho más—, alimentado por una propuesta de expertos académicos para lograr mayor equidad tributaria. El destino de una tributación más justa sería el diseño y la ejecución de políticas estatales para combatir la inequidad social en la mayoría de la población nacional, que cuenta con exiguos recursos.
A todo lo anterior habría que agregar —con mayores resistencias políticas— reformas a entidades estatales comenzando por el Congreso, al congelar sus enormes sueldos, aumentar el tiempo de trabajo presencial y limitar sus vehículos oficiales y escoltas. Habría, además, que considerar el excesivo ensanche burocrático que comenzó con la “modernización” estatal —avanzada la segunda mitad del siglo pasado—, alimentado ante todo por el clientelismo en este siglo. Varias instituciones oficiales se han caracterizado por aumentos burocráticos sin control y por “el silencio de los inocentes” en la opinión pública frente a esta empleomanía destinada a pagar favores y alimentar ambiciones electoreras.
Los entes de control nacional, que gozan de autonomía (¿descontrol?) y que no están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público, como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, han ido creciendo en burocracia y presupuesto, sin que nadie los frene. Tal falta de control incluye la ausencia y/o dificultades para obtener información en medios digitales de consulta, sobre todo lo relacionado con presupuestos y sus ejecuciones anuales. Tales organismos son a la vez juez y parte de “controles amañados”, como en el actual Gobierno donde, mediante triquiñuelas, Duque logró ubicar amigotes o recomendados en cargos claves. Ejemplo emblemático al respecto es el del fiscal general, su compañero de pupitre, que por consiguiente “investiga” y excluye al respecto a quien le da la gana.
A todas estas, la estructura en la que ha desembocado el Estado nacional es una jeringonza que muestra buena parte de su debilidad democrática y su incapacidad de lograr una modernización que permita estar presente —con legitimidad— en la totalidad del territorio nacional, de acuerdo con la definición centenaria de Max Weber.
