Las reformas planteadas por el gobierno incluyen a la Policía Nacional, pero no a las Fuerzas Militares, aunque el interés gubernamental por construir una nueva doctrina —que llamó “Seguridad humana y paz total”— sin duda incorporará a los militares. El traslado de la Policía a un nuevo ministerio es pertinente y de ahí se espera una reforma inédita de esta institución, incluida su desmilitarización. Aunque no han sido señalados cambios en las Fuerzas Militares, el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa forma parte de un contexto inédito sobre lo esperado. Así mismo, el “descabezamiento” de la cúpula militar —sin romper las reglas de juego con relación al nombramiento en determinados cargos de personas de menor antigüedad que obligan al retiro de las más antiguas— también fue inédito.
Habría que comenzar por evaluar el pie de fuerza con el fin de deducir los efectivos requeridos en función de los cambios que se definan. El mayor crecimiento histórico de la Fuerza Pública se produjo en los dos gobiernos del presidente Uribe. En 2010, alcanzó algo más de 426.000 efectivos: cerca de 268.000 en las Fuerzas Militares y poco más de 158.000 en la Policía. En la actualidad, los militares cuentan con alrededor de 223.000 efectivos, cerca de 56.400 en la Armada, 13.650 en la Fuerza Aérea y poco más de 153.000 en el Ejército. Desde 2010, el número de efectivos ha ocupado el segundo lugar en la región, luego de Brasil.
Sería conveniente continuar con la disminución del tamaño de las Fuerzas Militares, luego de que se definan las funciones que son indispensables. En ellas deben excluirse las expectativas de confrontaciones internacionales —eje de la tradición militar—, pues durante mucho tiempo ni siquiera se han vislumbrado. En consecuencia, ante el abandono estatal de regiones sin vías de comunicación aceptables, los ingenieros militares —parte del Ejército— podrían retomar funciones ampliadas de construcción de carreteras. Por su parte, la infantería, la caballería y la artillería deberían reducirse al mínimo. En cuanto a la Armada, sería necesaria la infantería de marina para la comunicación y vigilancia en zonas selváticas, para evitar deforestaciones; de resto, se mantendría el control de actividades ilegales en el extenso mar territorial. Y la Fuerza Aérea conservaría sus medios de transporte y reduciría las costosas naves de combate.
Cabe mencionar la importancia de reorganización a fondo de la Policía Nacional en su nuevo ministerio, en aspectos de seguridad ciudadana que entre otras funciones eviten la utilización improvisada de militares para “complementar” las funciones de la policía.
En general, se han planteado deseos de lo que posiblemente será un futuro inédito de la fuerza pública y un gran desafío para el Gobierno nacional. Las decisiones que se tomen requerirán de estudios previos, en los que ojalá participen personas conocedoras a fondo de los intríngulis de la seguridad, así como de factores que definen la complejidad nacional.
Las reformas planteadas por el gobierno incluyen a la Policía Nacional, pero no a las Fuerzas Militares, aunque el interés gubernamental por construir una nueva doctrina —que llamó “Seguridad humana y paz total”— sin duda incorporará a los militares. El traslado de la Policía a un nuevo ministerio es pertinente y de ahí se espera una reforma inédita de esta institución, incluida su desmilitarización. Aunque no han sido señalados cambios en las Fuerzas Militares, el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa forma parte de un contexto inédito sobre lo esperado. Así mismo, el “descabezamiento” de la cúpula militar —sin romper las reglas de juego con relación al nombramiento en determinados cargos de personas de menor antigüedad que obligan al retiro de las más antiguas— también fue inédito.
Habría que comenzar por evaluar el pie de fuerza con el fin de deducir los efectivos requeridos en función de los cambios que se definan. El mayor crecimiento histórico de la Fuerza Pública se produjo en los dos gobiernos del presidente Uribe. En 2010, alcanzó algo más de 426.000 efectivos: cerca de 268.000 en las Fuerzas Militares y poco más de 158.000 en la Policía. En la actualidad, los militares cuentan con alrededor de 223.000 efectivos, cerca de 56.400 en la Armada, 13.650 en la Fuerza Aérea y poco más de 153.000 en el Ejército. Desde 2010, el número de efectivos ha ocupado el segundo lugar en la región, luego de Brasil.
Sería conveniente continuar con la disminución del tamaño de las Fuerzas Militares, luego de que se definan las funciones que son indispensables. En ellas deben excluirse las expectativas de confrontaciones internacionales —eje de la tradición militar—, pues durante mucho tiempo ni siquiera se han vislumbrado. En consecuencia, ante el abandono estatal de regiones sin vías de comunicación aceptables, los ingenieros militares —parte del Ejército— podrían retomar funciones ampliadas de construcción de carreteras. Por su parte, la infantería, la caballería y la artillería deberían reducirse al mínimo. En cuanto a la Armada, sería necesaria la infantería de marina para la comunicación y vigilancia en zonas selváticas, para evitar deforestaciones; de resto, se mantendría el control de actividades ilegales en el extenso mar territorial. Y la Fuerza Aérea conservaría sus medios de transporte y reduciría las costosas naves de combate.
Cabe mencionar la importancia de reorganización a fondo de la Policía Nacional en su nuevo ministerio, en aspectos de seguridad ciudadana que entre otras funciones eviten la utilización improvisada de militares para “complementar” las funciones de la policía.
En general, se han planteado deseos de lo que posiblemente será un futuro inédito de la fuerza pública y un gran desafío para el Gobierno nacional. Las decisiones que se tomen requerirán de estudios previos, en los que ojalá participen personas conocedoras a fondo de los intríngulis de la seguridad, así como de factores que definen la complejidad nacional.