Propuestas de reformas (II)

En mi columna anterior mencioné que las contradicciones en el equipo de gobierno dificultaban organizar de manera adecuada las propuestas de reformas. Así mismo, que la ausencia de control del Estado en alrededor de la mitad del territorio nacional explicaba buena parte de los problemas del país, como violencias, grupos criminales, clientelismo, marginalidad de gran parte de la población y otros cuantos. También, que, contradictoriamente, la regularidad electoral es consecuencia de la debilidad estatal dado el predominio y autonomía de las regiones y su deficiente interconexión. Por todo esto, había que hacer cambios destinados a fortalecer el Estado y así lograr que las propuestas de reformas que se ejecuten sean duraderas y se alcance la anhelada paz. De ahí que sea necesario combatir el clientelismo y sus corruptelas, transformar la Fuerza Pública con énfasis en la seguridad interior y fortalecer las instituciones civiles del Estado.

La movilización institucional de la sociedad civil bajo la presión de la opinión pública sería la base para frenar y castigar las relaciones clientelistas y sus corruptelas, arraigadas en la política en todos sus niveles. También habría que adecuar la Rama Judicial para hacer efectivas las sanciones a las prácticas clientelistas, incluida la prohibición de ejercer cargos públicos. El traslado de la Policía Nacional a un nuevo ministerio, su desmilitarización con una estructura de mayor tamaño, menos jerarquizada y con especializaciones adecuadas al tamaño de las ciudades —tres niveles—, además de los numerosos poblados pequeños, serían la base para sus labores urbanas de prevención. Una fuerza policial especial para las áreas rurales complementaría los cambios básicos de la Policía, con adecuación de sus organismos técnicos de control, inteligencia y otros. En el mismo ministerio cabrían otras instituciones civiles de seguridad, como el INPEC.

En las Fuerzas Militares, sería necesaria una reducción del tamaño del Ejército, así como una disminución del número de aviones de combate de la Fuerza Aérea y preservación de los de transporte. La Armada Nacional mantendría su tamaño para controlar el contrabando y demás acciones delincuenciales en los extensos mares nacionales. La Infantería de Marina habría que fortalecerla para la adecuada realización de sus labores en las extensas zonas geográficas de la Amazonia y la Orinoquia. Es indispensable una ley de seguridad y defensa para evitar improvisaciones en operativos de urgencia. Un grupo de académicos conocedores de los intríngulis de las Fuerzas Militares junto con oficiales especializados conformarían una misión estatal para elaborar propuestas de reformas militares. De igual manera, se conformaría un grupo equivalente para la reestructuración de la Policía Nacional. Ambos grupos presentarían sus respectivas propuestas para debatirlas con los altos mandos y el Congreso.

La institucionalidad del Estado en sus tres niveles: nacional, regional y local, debería ser objeto de reformas para que un Ministerio del Interior fortalecido ejerza control especial directo sobre gobernaciones y alcaldías que, aunque son parte del sistema nacional electoral, deberían depender de un par de viceministerios con capacidad para controlar la pertinencia e importancia de sus decisiones respectivas.