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Si hay algo que requiere Colombia con urgencia son reformas estructurales para recomponer su débil democracia, carcomida por diversidad de vicios como el aumento de las desigualdades sociales, las corruptelas en instituciones estatales y la fragilidad de los partidos políticos.
Movilizaciones, paros, bloqueos y demás episodios provocados por las desigualdades sociales y económicas explotaron por motivo de la insistencia presidencial en un proyecto de reforma que las profundizaba. Luego de más de un mes de desórdenes, el presidente anunció que presentaría un proyecto de ley de reforma de la Policía Nacional. Con esto buscó calmar los ánimos, pues la Policía ha sido la institución que más ha perdido prestigio en la opinión pública por sus actuaciones violentas.
Tal anuncio de reforma comienza por cambiarle el nombre al Ministerio de Defensa: Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, y continúa con la creación de un Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana, además de una Dirección de Educación de la Policía Nacional. A esto se suma la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía, un nuevo Estatuto Disciplinario con reestructuración de la Inspección General, supervisión y control del servicio policial, y nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias. También anunció que habrá participación ciudadana, basada en un diálogo sobre servicio y creación de una comisión para transformación integral. Se incluirá además un cambio de uniforme, de color azul.
Si hay algo dañino en la Policía Nacional —que no mencionó el presidente— es la militarización en la que desembocó. Al inicio del gobierno de Rojas Pinilla, la Policía se incorporó al Ministerio de Guerra. En 1954 se sometió al régimen de justicia penal militar y se le dio un estatus similar al de la jerarquía castrense. En 1960, el Ejecutivo nacionalizó la Policía, la separó de las Fuerzas Militares y pasó a depender del ministro en el mismo ministerio. Luego de varios decretos de reformas estatutarias (1966, 1971 y 1983), en 1993 entró en vigencia el estatuto actual de la Policía (Ley 62), tras un escándalo policial de violación de derechos humanos. Todo esto combinó los esfuerzos de profesionalización y modernización de la institución con permanente influencia militar, producto de la concepción de seguridad nacional y la expansión y diversificación de las violencias, además de la irrupción del narcotráfico desde los 80. Todo esto confirmó la debilidad política del Estado.
De esta breve síntesis histórica podría deducirse que no es conveniente la permanencia policial en el Ministerio de Defensa y que además podría quedar “remachada” institucionalmente a partir de un nuevo viceministerio, que reforzaría los cambios anunciados por el presidente.
En una próxima columna se mencionará la necesidad de desmilitarizar la estructura de la Policía Nacional, comenzando por su salida del Ministerio de Defensa, a partir del mandato constitucional que señala que “es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
