¿Reforma policial cosmética? (II)

En la columna pasada se planteó una breve síntesis histórica para explicar la militarización en que desembocó la Policía y de ahí afirmar que no era conveniente su permanencia en el Ministerio de Defensa, menos aún “remachada” institucionalmente con un nuevo Viceministerio que reforzaría los cambios anunciados por el presidente.

La Policía Nacional (mantener su carácter nacional) podría pasar al Ministerio del Interior, bajo un nuevo Viceministerio de Policía Nacional, o —como propuso Armando Borrero, el 14 de junio, en la revista Sur— a una nueva institución, Ministerio de Seguridad y Convivencia, ambas opciones encabezadas por un experto en temas de seguridad ciudadana. A partir de ahí, comenzaría su reorganización, empezando por sacarla de la órbita de la Justicia Penal Militar.

A medida que se rediseñe su entrenamiento en labores individuales y colectivas, en sus diferentes especializaciones, habría que cambiar su estructura vertical de mando por una más plana, sin grados ni categorías castrenses, según especialidades policiales. La polivalencia y diversidad de la Gendarmería francesa sería útil para mirar la factibilidad funcional de una situación similar. Su carácter urbano, aunque predominante (ciudades grandes, medianas y pequeñas, y poblaciones urbanas menores en la mayoría de municipios), se complementaría con el mantenimiento y ampliación de la fuerza rural, con organización y equipamiento según la complejidad territorial del país (policía montada, lanchas policiales en Orinoquia y Amazonia, y otras), para hacer presencia en regiones abandonadas por el Estado y controladas por grupos delincuenciales (narcotraficantes, minería ilegal, etc.), en medio de una población campesina forzada a labores de supervivencia. La coordinación, el apoyo y la complementariedad entre policías y militares (casos especiales y transitorios) serían decisiones coordinadas entre autoridades civiles y de policía.

Estos cambios progresivos irían acompañados del aumento de efectivos, según las necesidades de la población, a medida que se desmilitaricen y rediseñen los mandos según especializaciones. Habría que pensar también en una posible incorporación de grupos policiales sueltos: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Además, considerar la supresión de actividades contrainsurgentes y antinarcóticos, y afirmar una policía territorial comunitaria.

En todo ello sería indispensable una organización judicial transitoria, conocedora de los intríngulis de la Policía, con el fin de depurar la complejidad de las diversas corruptelas ancladas desde hace años. Así mismo, habría que convocar —también de manera transitoria— un grupo de académicos conocedores de estructuras policiales, para orientar el complejo proceso de reorganización global de la Policía Nacional y –si es el caso— de otras instancias policiales integradas, como las señaladas.

De esta manera, lo más importante ahora es frenar la improvisada reorganización de la Policía Nacional, anunciada por el presidente Duque en la ceremonia de grados de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Se evitarían así nuevos gastos superfluos, como ha sido la modalidad con ampliación innecesaria de la burocracia estatal, sobre todo en tiempos de crisis económica. Se requiere, más bien, una reforma tributaria con impuestos progresivos según ingresos y sin excepciones.