Desde la campaña presidencial, Petro mencionó varias reformas, incluido el traslado de la Policía Nacional a un nuevo ministerio. De ahí se recordó que sería pertinente, además, su desmilitarización y reorganización. Al llegar a la Casa de Nariño, el nombramiento de un director de la Policía de menos antigüedad que otros generales generó una “limpieza”, sin romper las reglas de juego de retiro obligado de los más antiguos. En los comandos de las Fuerzas Militares se presentó el mismo fenómeno. Parece que esas decisiones afectaron la moral de la Fuerza Pública, según comportamientos posteriores, como la solicitud de retiro de grupos de oficiales. Con tales “limpiezas” no se percibió nada positivo. Por el contrario, cabe mencionar la ideología católica y la “ignorancia” –vinculada con la religión– del actual director de la Policía, según declaraciones públicas en una entrevista, que contradicen el carácter laico del Estado nacional y el acomodo negativo de conocimientos elementales de biología. Esto se suma a los manejos gubernamentales improvisados de las reformas política y de salud. Todo un despelote, incluidas las incoherencias presidenciales.
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Tal parece que podría perderse la esperanza del traslado de la Policía a un nuevo ministerio (¿seguridad ciudadana?), su desmilitarización, aumento de efectivos y reorganización acorde con la necesidad de un Estado con presencia efectiva en un territorio en el que más de la mitad ha sido impactado por diversas violencias.
Han transcurrido alrededor de ocho meses de un gobierno que despertó grandes expectativas. Hay un cúmulo de problemas nacionales como clientelismo, corrupción, ruedas sueltas en alcaldías y gobernaciones, deficiencias en interconexiones regionales, desigualdades sociales y muchos otros. En medio de todo ello la Policía Nacional podría ser un punto de partida ideal para emprender reformas destinadas a lograr objetivos mencionados repetidamente en el contexto nacional.
¿Habrá posibilidad de retomar la idea de reformar la Policía? Posiblemente, con ayuda de funcionarios públicos de reconocida solvencia ética y política, en dependencias del Congreso, el Ejecutivo y ONG, a partir de iniciativas provenientes de académicos de universidades públicas y privadas de calidad, conocedores de los intríngulis de la política y la policía.
Hay grupos informales de académicos –en especial de ciencias sociales– que operan mediante reuniones periódicas –la mayoría virtuales–, con presentaciones alternativas de personas especializadas en temas relacionados con la política, con discusiones coordinadas por profesionales encargados de tales eventos. Bien valdría la pena plantear tales ideas en estos grupos –que cuentan también con profesionales de otros países–, porque entre ellos hay personas interrelacionadas a partir de sus experiencias académicas. Algunos de ellos han desempeñado –o desempeñan– cargos oficiales, lo cual ha servido para ampliar experiencias alrededor de los problemas mencionados.
Sería útil difundir estas ideas y discutir su viabilidad, pues podría dar resultados positivos para el futuro de un país descoyuntado en su trasegar histórico.
