Las Fuerzas Militares han ido al vaivén de procesos políticos con violencias, a lo largo de la historia nacional. Con el inicio de la tardía modernización capitalista en el país —luego de la Segunda Guerra Mundial—, tales vaivenes y violencias se complicaron. Luego de los gobiernos militares (Rojas Pinilla y junta militar, 1953-1958), la Fuerza Pública (Constitución de 1991) manejó el orden público a punta de improvisaciones sin proyectos, pues los gobiernos la dejaron al garete. Diversas violencias fueron la regla y se incrementaron durante años hasta el presente.
El presidente Álvaro Uribe (2002-2010) fue el primer mandatario que asumió el control directo de la Fuerza Pública desde 1958, pero a base de supuestas soluciones según el quehacer de cada día. Su carisma lo convirtió en neocaudillo, pues Gaitán, caudillo único, fue “decapitado” por el bipartidismo en 1948, arreciando el período de la Violencia (1946-1965). Se propuso exterminar a las Farc, mientras propiciaba la desmovilización de paramilitares (2003-2005). Pero solo logró desplazarlas hacia la Orinoquia, aun con el aumento de recursos y efectivos militares y de policía, que alcanzaron el segundo lugar en la región, luego de Brasil. Uribe quiso perpetuarse en el poder, pero tras su reelección, apoyada en un acto legislativo fraudulento (2004), la Corte Constitucional anuló una segunda reelección.
Juan Manuel Santos logró el apoyo de Uribe, luego de sus éxitos contra las Farc como ministro de Defensa (2006-2009). Esto le sirvió para alcanzar la Presidencia y su reelección (2010-2018), apoyado en la norma que permitió el segundo mandato de Uribe. Su logro fue llevar a feliz término los acuerdos del proceso de paz con las Farc, aunque en medio de violencias en territorios abandonados por el Estado y con cerrera oposición de Uribe. Tal oposición polarizó al país, inclinándose a favor de Uribe, además de apoyos de la Fuerza Pública.
El tamaño y la complejidad de la Fuerza Pública —en particular del Ejército— y su enredada organización y dispositivo nacional facilitaron los antiguos “falsos positivos”, corruptelas, divisiones y “chuzadas” a civiles; todo ello sin controles oficiales. En medio de la pandemia se destaparon este año tales hechos, bajo un gobierno encabezado por un inexperto mandatario, sumiso al “presidente eterno”.
En las pasadas elecciones regionales se logró elegir alcaldes competentes en ciudades grandes, además de buenos gobernadores en varios departamentos. Se abrió así un futuro promisorio para 2022. Por eso conviene plantear las siguientes reformas estructurales en la Fuerza Pública, orientadas a corregir los descalabros en la política.
1) Reducción de efectivos y presupuesto de las Fuerzas Militares —en particular en el Ejército—, con excepción de la Infantería de Marina, destinada a cubrir zonas críticas de la Amazonia y la Orinoquia.
2) Simplificación de la compleja estructura del Ejército, en especial frente a su tradicional función de defensa nacional hacia el exterior, para orientarla a operaciones de seguridad en regiones sin Estado, mientras autoridades legítimas ocupen estos territorios.
3) Desmilitarización y reorganización de la Policía Nacional —dependiente de ministros de Defensa incompetentes— y traslado al Ministerio del Interior, bajo un nuevo viceministerio.
4) Normativización para el nombramiento de ministros de Defensa, destinada a que tengan conocimientos y capacidades adecuadas para administrar la Fuerza Pública.
5) Diseño de un proyecto de ley de defensa y seguridad nacional orientado hacia la complejidad nacional, con el fin de facilitar aprobación en el Congreso y éxitos en su implementación.
