Retos pendientes

El inicio del actual gobierno ha estado lleno de retos dadas las grandes diferencias entre los gobiernos saliente y entrante, al punto que podría ser inédito en la historia nacional. Una de las propuestas oficiales es la necesaria reforma tributaria. Sobre este tema planteo un par de retos que aparecen en el ambiente político nacional, además de otro relacionado con intervenciones religiosas en conductas oficiales.

Dada la enorme multiplicación de iglesias cristianas, ¿cómo es posible que en un Estado laico —según la Constitución— las iglesias pudientes (renta y patrimonio), entre las que se destaca la católica, no paguen impuestos? Muchas iglesias cristianas captan altos ingresos de sus fieles, que van a parar al bolsillo de pastores que los invierten en bienes. Si bien estos bienes pueden luego pagar impuestos, los ingresos con los que se adquirieron no los pagan. Si se establecieran tales impuestos, serían una gran ayuda para el Estado. Además, el Estado destina recursos para organizaciones y actividades religiosas que se podrían suprimir. A diferencia de la Iglesia católica y otras menores, varias de las cristianas han ido al ritmo de la política al participar en ella, en especial con miembros congresistas. Esto crea dificultades para aprobar impuestos a sus bienes y a sus rentas.

Otro reto de la propuesta de reforma tributaria es la posibilidad de controlar la corrupción rampante en instituciones públicas y privadas. Entre ellas son conocidas las corruptelas enquistadas en el Congreso. Además de beneficios onerosos —altos salarios con escaso tiempo de trabajo legislativo, centenares de carros y escoltas, etc.—, la aprobación de buena parte de las leyes incluye entrampamientos con coimas, costosos favores personales para el Estado y muchos más. Dentro de este contexto, ¿será posible que numerosos congresistas se “autocastiguen” al aprobar controles a las múltiples corruptelas con las que conviven en su trabajo?

Finalmente, otro reto —relacionado con la religión— tiene que ver con expectativas negativas de conductas oficiales. Se trata del director entrante de la Policía Nacional, mayor general Henry Armando Sanabria Cely. Es conocido su fanatismo religioso y su devoción por la Iglesia católica en eventos públicos, como escoltas policiales a imágenes religiosas y censura punitiva —como director de la Policía en Cartagena— a derechos humanos de grupos LGBTIQ+. Además, mediante su antigua cuenta de Twitter, intenta evangelizar a los policías del país. Aquí vuelve a validarse el argumento de un Estado laico, al ser ilegítimos actos públicos y oficiales en instituciones estatales a favor de iglesias, más aún si son promovidos por altos mandos de una fuerza armada. ¿Será que el nuevo director general de la Policía Nacional va a corregir su forma religiosa de actuar pública y oficialmente en el pasado?

Confío que estos tres casos —muestra de lo que se espera del nuevo gobierno— logren soluciones adecuadas que abran las puertas a cambios y reformas que el país ha clamado repetidamente.