En el interregno entre la segunda vuelta y la posesión presidencial surgen dos inquietudes centrales frente a las expectativas que generó el triunfo reeleccionista: las decisiones que debería tomar el presidente y las que deberían asumir quienes definieron su triunfo.
Entre las primeras, lo más esperado es que Santos prosiga con las negociaciones de La Habana, que a ellas se sumen las del Eln y que ambas culminen con éxito, incluida la posterior refrendación de los acuerdos. Esta expectativa se basa en el rápido y efectivo apoyo electoral al presidente candidato, desde diferentes visiones ideológicas estimuladas por el temor a un eventual triunfo uribista con consecuencias catastróficas. Pero conviene, ahora sí, que haya un cese bilateral del fuego, con plazos perentorios para terminar de manera satisfactoria las conversaciones.
El éxito electoral en la tardía búsqueda oficial de promover “la paz” puede llevar a que el presidente —impregnado de triunfalismo por la euforia del Mundial y el ascenso de su imagen— privilegie intereses de quienes empujaron su reelección esperando beneficios políticos sobre las expectativas de sectores que lo apoyaron movidos por la coyuntura crítica.
Entre estas expectativas sobresalen eventuales reformas en educación (sin proseguir con la colcha de retazos), en justicia (abandonada por intereses políticos), en salud (sin proteger intereses privados), en medio ambiente (sin favorecer a multinacionales petroleras y mineras), en tributación (sin excluir a grandes capitales) y en política económica (sin priorizar el mercado).
Con respecto a las esperadas decisiones de quienes apoyaron la reelección con la esperanza de que se beneficiara la democracia, no se perciben acciones políticas que promuevan ese anhelo. No hay estímulos para ampliar el apoyo de la opinión pública a los acuerdos de La Habana por parte de partidos y movimientos como el Polo, la Alianza Verde y otras organizaciones políticas. Por eso el Frente Amplio por la Paz se congeló y el mandatario reelegido podría buscar neutralizar un supuesto radicalismo de ese movimiento.
Por otra parte, no se observa elaboración de proyectos de reformas para comprometer con ello el apoyo gubernamental. En este sentido, no hay perspectivas de conformar una oposición constructiva con miras a promover un movimiento de confluencia electoral para el año próximo. En su lugar prosiguen posturas personalistas que lanzan nombres de candidatos a la topa tolondra, sin pensar que con ello favorecen la resurrección y el fortalecimiento de la derecha sectaria.
Lo anterior permite presagiar que, si continúan estas tendencias, se va a dilapidar la coyuntura poselectoral al desaprovechar una vez más la disponibilidad de amplios sectores de opinión, que se encuentran disponibles para que —con estímulos políticos de coalición— pueda recuperarse la esperanza de ver el comienzo de una reivindicación de la política, sumida desde hace años en clientelismos y corruptelas que alimentan la violencia en el país.
