El Congreso que acaba de ser elegido para el periodo 2026–2030 llega en un momento particularmente difícil. La confianza de los ciudadanos en esta institución está en uno de sus niveles más bajos de la historia.
Si bien esta problemática viene de años atrás, no sorprende que el Congreso aparezca sistemáticamente como la institución en la que menos confían los colombianos. Sin embargo, en este último cuatrienio esa relación deteriorada parece haber empeorado aún más.
El Panel de Opinión 2025 de la firma Cifras & Conceptos registró un dato preocupante: el nivel de confianza en el Congreso cayó a uno de los puntos más bajos desde que existe la medición, confirmando una tendencia que se viene profundizando.
En buena medida, este deterioro tiene explicaciones concretas. En los últimos cuatro años se han acumulado episodios que golpearon la legitimidad del Congreso y profundizaron la desconfianza ciudadana.
1. El escándalo de la UNGRD
El golpe más fuerte a la credibilidad del Congreso vino del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, fueron enviados a prisión preventiva mientras la Corte Suprema de Justicia adelanta el proceso en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción.
Este episodio impactó directamente la percepción ciudadana sobre la cercanía entre la corrupción y el poder legislativo.
2. Los ataques del presidente Petro al Congreso
A este contexto se suman los constantes ataques del presidente Gustavo Petro contra el Legislativo. Cada vez que una de sus reformas enfrentó dificultades, el presidente presentó al Congreso como un obstáculo para las transformaciones del país, e incluso como una institución que actúa contra el “pueblo”.
El problema de fondo es que, cuando sus reformas no avanzan, el presidente no parece dispuesto a asumir su propia incapacidad para dialogar o negociar, y prefiere trasladar la responsabilidad al Congreso.
Eso es irresponsable. En una democracia, el Congreso no existe para obedecer al Ejecutivo. Su función es debatir, modificar o incluso rechazar propuestas, según la lógica de la separación de poderes.
3. Un Congreso que ha huido de los grandes debates
Un tercer factor es la sensación de que el Congreso, en lugar de dar ciertas discusiones, prefiere evitarlas.
Un ejemplo reciente fue la reforma a la salud del gobierno Petro, que terminó hundiéndose en la Comisión Séptima del Senado tras aprobarse una ponencia de archivo con ocho votos a favor y cinco en contra, presentada por el senador Alirio Barrera.
Desde el punto de vista institucional, la decisión es válida. Las comisiones tienen la facultad de archivar proyectos.
El problema no fue jurídico, sino político. Para buena parte de la opinión pública, que una reforma estructural al sistema de salud terminara archivada en comisión —sin llegar a la plenaria— se interpretó como una forma de esquivar un debate que el país esperaba.
Cuando el Congreso evita debates de este tamaño, el mensaje que queda es muy problemático: los grandes temas del país no se están discutiendo donde deberían discutirse.
El desafío del nuevo Congreso
El Legislativo que inicia funciones en 2026 no solo tendrá que tramitar leyes o debatir reformas. También deberá enfrentar un reto más profundo: recuperar la confianza ciudadana.
Eso implica algo más que aprobar proyectos. Implica demostrar que el Congreso puede deliberar de verdad, asumir debates difíciles y actuar con mayor transparencia.
Porque el Congreso sigue siendo una pieza esencial de la democracia colombiana. Ninguna institución puede funcionar plenamente cuando la ciudadanía deja de confiar en ella.
El nuevo Congreso tendrá que demostrar que está a la altura del país que representa.
Por Gabriela Alonso Jaramillo
