¿Cuándo dejamos de exigirle al poder?

Votar por alguien no debería convertirnos en un comité de aplausos. Tomarse el tiempo de pararse, desplazarse hasta una urna y depositar la confianza en una persona implica, como mínimo, exigirle resultados. La legitimidad que otorga el voto no es un respaldo incondicional, sino una responsabilidad compartida entre quien gobierna y quien delega.

Eso fue lo primero que pensé cuando vi al petrismo -y a sectores de la izquierda que lo respaldan- celebrando que el presidente recurriera a la diplomacia y llamara a Donald Trump para calmar las tensiones con Estados Unidos. ¿De verdad llegamos a un punto en el que cumplir una función básica del cargo resulta suficiente para ser celebrado?

La pregunta no es si estuvo bien o mal hacer la llamada. Claro que estuvo bien. El problema es otro: eso era lo mínimo. Era su deber. Era lo primero que debía hacerse frente a una situación que ponía en riesgo al país y que exigía mesura, responsabilidad y canales institucionales.

Lo que incomodó —y sigue incomodando— es que se vendiera como un logro extraordinario algo que cualquier presidente, en cualquier contexto, debería hacer. Más aún cuando la crisis que se “resolvió” fue, en buena parte, incitada por insultos, provocaciones y una forma irresponsable de manejar el conflicto desde el poder.

Pero este episodio no es el fondo del problema. Es apenas el síntoma de algo más trascendente.

Lo verdaderamente preocupante es que dejamos de exigirle al poder. Nos volvimos cómodos con quienes nos gobiernan y con quienes legislan. Normalizamos gobiernos sin resultados, discursos sin ejecución y gestos simbólicos que reemplazan políticas públicas. La vara quedó tan baja que ahora se aplaude el cumplimiento tardío de obligaciones básicas.

Cuando la exigencia desaparece, el poder se acomoda. No hay incentivos para corregir errores, asumir responsabilidades o mejorar decisiones. Sin exigencia ciudadana, el poder se acostumbra a gobernar con gestos y no con resultados.

Ser progresista, liberal, conservador o de centro —o no identificarse con ninguna etiqueta— no debería ser un impedimento para exigir lo mínimo a cualquier gobernante: cumplir con el deber, decir la verdad y responder por las crisis que se generan desde el poder. No todo se puede justificar en nombre de una causa. Gobernar mal no debe ser aceptable solo porque “es de los nuestros”. Apoyar un proyecto político no puede significar la renuncia al juicio propio.

Los servidores públicos están para servirle a la gente. Exigir no es un ataque. Es lo mínimo que se le puede pedir a quien ejerce poder en nombre de otros.

Sin embargo, hoy parece que exigir incomoda a algunos. En el debate público se exige cada vez menos coherencia y resultados, y cada vez más lealtad. Las decisiones dejan de evaluarse por sus efectos y pasan a juzgarse por afinidades políticas. Cuando eso ocurre, la discusión democrática se empobrece y la crítica se interpreta como deslealtad.

En ese contexto, la exigencia desaparece. Se relativizan los errores, se justifican los fracasos y se celebra lo que debió hacerse desde el principio. No porque funcione, sino porque lo hizo alguien del propio bando.

Por eso el llamado, especialmente a los jóvenes, es a aprender a incomodar al poder. A no normalizar la incoherencia, a no celebrar lo mínimo y a no confundir cercanía ideológica con buen gobierno. Exigir coherencia, resultados, cumplimiento y responsabilidad es clara muestra de una ciudadanía interesada en su país.

Ser una ciudadanía que exige es profundamente democrático. Es, además, una práctica que hoy escasea en Colombia y que resulta cada vez más necesaria.

Y entonces la pregunta queda abierta: ¿En qué momento dejamos de exigirle al poder lo que siempre debió hacer?