El péndulo de la seguridad

En los últimos 24 años, Colombia ha ensayado distintas estrategias para enfrentar la violencia. Hemos fortalecido la ofensiva militar, negociado con grupos armados, firmado un acuerdo de paz, perseguido grandes cabecillas y declarado ceses al fuego.

Cada uno de estos modelos produjo resultados diferentes, dejó errores que no deberían repetirse y enseñó lecciones que el gobierno de Abelardo de la Espriella debería tener en cuenta al definir su política de seguridad.

El nuevo gobierno llega en un momento especialmente complejo. En distintas regiones del país, grupos armados disputan el control territorial, extorsionan a la población y ejercen una autoridad que el Estado no ha logrado ejercer.

Álvaro Uribe impulsó la seguridad democrática para recuperar el control territorial y debilitar a los grupos armados. En esos años disminuyeron los homicidios y las acciones bélicas, mientras las FARC perdieron capacidad militar y presencia territorial.

Sin embargo, durante esa política ocurrió una de las tragedias más graves de nuestra historia reciente: miles de civiles fueron asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate. El propio modelo prometía combinar la eficacia con el respeto por los derechos humanos. Los falsos positivos demostraron las consecuencias de una política de seguridad cuando la búsqueda de resultados desborda los límites que el Estado debe respetar.

Juan Manuel Santos optó por la negociación. El Acuerdo de Paz permitió la desmovilización de miles de integrantes de las FARC y la desaparición de la guerrilla más grande del país. Sin embargo, no todos sus integrantes dejaron las armas y algunos de quienes se acogieron al acuerdo reincidieron posteriormente. El Estado tampoco ocupó con suficiente rapidez muchos de los territorios que quedaron libres.

El resultado fue la aparición y el fortalecimiento de disidencias y otros grupos armados que comenzaron a disputarse el control de las economías ilegales y de la población. La firma de un acuerdo puede desmovilizar a una organización armada, pero no garantiza por sí sola el fin de la violencia.

Iván Duque propuso pasar del control militar al control institucional del territorio. El diagnóstico era acertado: no basta con que la Fuerza Pública llegue a una región; también deben llegar las instituciones y las oportunidades.

Sin embargo, su gobierno no construyó sobre los avances del modelo anterior. La implementación del Acuerdo de Paz perdió impulso y la política de seguridad concentró buena parte de sus resultados en capturas, extradiciones y golpes contra grandes cabecillas. Capturar a un jefe criminal puede debilitar una organización, pero no necesariamente devolverle al Estado el control del territorio.

Gustavo Petro propuso un cambio profundo. La seguridad comenzó a pensarse desde la protección de las comunidades y la “paz total” convirtió el diálogo en el principal instrumento para reducir la violencia.

Sin embargo, la estrategia no logró los resultados esperados. Algunos grupos armados participaron en los diálogos sin una intención real de abandonar las armas y aprovecharon los ceses al fuego y las negociaciones para fortalecerse y ampliar su presencia territorial. El gobierno tardó demasiado en responder ante los incumplimientos. La protección de las comunidades no puede depender de la voluntad de quienes las amenazan.

Colombia se ha acostumbrado a tratar la seguridad como un péndulo. La fuerza y el diálogo se presentan como caminos opuestos. Uno mide resultados en capturas y bajas; otro, en acuerdos y ceses al fuego. Cada presidente intenta corregir al anterior, pero pocas veces aprender de él.

La fuerza del Estado es necesaria, pero debe tener límites. La negociación necesita condiciones y consecuencias para quienes incumplen. Y ninguna estrategia será suficiente si el Estado no logra ocupar los territorios que durante décadas han controlado los grupos armados.

Pronto conoceremos la estrategia de seguridad del próximo gobierno. Como ciudadanos, deberíamos dejar de preguntarnos si se parece más a la de Uribe, Santos, Duque o Petro.

Las preguntas deberían ser otras: ¿qué aprendió de todos ellos? ¿Qué errores no se repetirán? ¿Qué estará dispuesto el Estado a negociar y qué no? Y, sobre todo, ¿cómo evitará que Colombia vuelva a empezar de cero?