En Colombia estamos viviendo algo sumamente peligroso: cuestionar las elecciones antes de que siquiera ocurran. Eso es exactamente lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro.
Tras las elecciones del 8 de marzo, afirmó que “van por el asesinato de Cepeda o por el fraude electoral” y pidió cuidar a ciertos dirigentes políticos para evitar que sean asesinados. Se trata de una acusación gravísima. Hablar de asesinatos políticos o de fraude electoral no es cualquier cosa: son delitos extremadamente serios.
Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones.
La gravedad del asunto no radica únicamente en la frase. El problema es quién la dice y desde qué lugar la dice.
El mismo presidente tiene la responsabilidad de garantizar que las elecciones se desarrollen con normalidad. Si Gustavo Petro afirma que puede haber fraude electoral en Colombia, la pregunta es inevitable: ¿entonces quién está fallando en garantizar elecciones seguras?
Porque, para algunas cosas, Petro exige que se le trate como jefe de Estado, pero, para otras, se comporta como un comentarista más del debate político.
Cuando el presidente de la República sugiere que puede haber fraude electoral o asesinatos políticos sin presentar evidencia, lo que hace es sembrar dudas sobre la legitimidad del propio sistema democrático que dirige.
Es a él a quien le corresponde garantizar el orden público, el funcionamiento institucional y las condiciones para que las elecciones se desarrollen con normalidad.
Si existen amenazas reales, lo responsable es denunciarlas ante las autoridades competentes y presentar las pruebas correspondientes. Lo irresponsable, como lo ha hecho el presidente Petro, es lanzar acusaciones tan graves sin evidencia y alimentar la idea de que el sistema electoral está manipulado.
Además, resulta incoherente que quien hoy pone en duda la existencia de una democracia funcional en Colombia sea alguien cuya trayectoria política ha sido posible precisamente dentro de ese sistema.
Gustavo Petro ha ocupado cargos públicos durante más de tres décadas. Fue concejal, representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Bogotá y hoy es presidente de la República. Ha participado en elecciones, ha hecho oposición desde el Congreso y ha llegado al cargo más alto del Estado a través de las urnas.
Es difícil sostener que un país en el que alguien puede recorrer ese camino político carece por completo de democracia. Una cosa es reconocer imperfecciones institucionales y otra, muy distinta, es insinuar que el sistema entero está manipulado.
Teniendo en cuenta el comportamiento del presidente durante estos cuatro años —su dificultad para asumir plenamente el papel de jefe de Estado, sus constantes acusaciones sin sustento y su tendencia a construir crisis donde muchas veces no las hay—, no sorprendería que, si el resultado electoral no le favorece, termine denunciando un supuesto fraude masivo en las elecciones presidenciales.
Muchos colombianos ya anticipan ese escenario: un presidente dispuesto a denunciar fraudes imaginarios antes que aceptar una derrota electoral.
Esa posibilidad debería preocuparnos. Cuando quien ocupa la Presidencia de la República comienza a sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones antes de que ocurran, lo que se pone en riesgo no es una candidatura ni una campaña.
Es la confianza en la democracia.
Por eso, la pregunta no es solo qué dirá el presidente si pierde. La pregunta es qué haremos como país si eso ocurre. ¿Cómo protegeremos la legitimidad del proceso electoral? ¿Cómo evitaremos que acusaciones sin pruebas erosionen la confianza en las instituciones?
En este contexto, la vigilancia nacional será clave. Pero también lo será la atención internacional. Las próximas elecciones presidenciales en Colombia necesitarán muchos ojos observando el proceso, precisamente porque el país enfrenta una circunstancia delicada: un presidente errático que parece más interesado en cuestionar las reglas del juego que en garantizar que se respeten.
La democracia colombiana ha resistido crisis profundas durante décadas. También tendrá que demostrar ahora que puede resistir algo más silencioso, pero igual de peligroso: la desconfianza sembrada desde el poder.
Por Gabriela Alonso Jaramillo
