En los últimos días, el país conoció que la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato de una de las figuras más visibles de la oposición política: Miguel Uribe Turbay. Este magnicidio debe obligar a los candidatos a la Presidencia a revisar qué modelo de seguridad necesita Colombia.
Mientras el país enfrenta esa realidad, el candidato Iván Cepeda insiste en algo profundamente preocupante: si llega a la Presidencia, continuaría la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
En su entrevista con Daniel Coronell, Cepeda afirmó que habrá una política de paz y que esta podría tener algunos ajustes. Sin embargo, al examinar su programa de gobierno, lo que aparece no es un cambio de modelo, sino la continuidad de la misma lógica: negociar con múltiples grupos armados como eje central de la política de seguridad.
Lo que propone Cepeda no es simplemente un error. Es un peligro. ¿En qué país vive el candidato? ¿Ha seguido realmente lo que ha ocurrido durante estos cuatro años con una política de la que él mismo fue uno de sus principales arquitectos?
A la Paz Total se le dio una oportunidad, pero terminó siendo no solo una política que fracasó en sus objetivos centrales, sino también una que produjo exactamente el efecto contrario al que prometía.
Las cifras de seguridad de este gobierno son crudas. El gobierno hablaba de negociación y desescalamiento del conflicto, pero los datos no lo respaldan. El número de integrantes de estas estructuras aumentó desde el inicio del gobierno, alcanzando más de 25.000 combatientes.
Los grupos armados ilegales no se debilitaron; se fortalecieron.
Los ceses al fuego tampoco produjeron la reducción de la violencia que se prometía. Durante el primer año de treguas bilaterales se registraron, según la Defensoría del Pueblo, 236 violaciones al derecho internacional humanitario, en su mayoría cometidas por grupos armados contra la población civil.
Petro prometió que, siendo presidente, en tres meses el ELN estaría prácticamente acabado.
La realidad hoy es muy distinta. Lejos de desaparecer, grupos como el ELN siguen activos y, en varios frentes, han mostrado señales de fortalecimiento. Los grupos armados no se debilitaron: se reorganizaron, se expandieron o consolidaron su control.
Las consecuencias para los colombianos han sido evidentes. En el Catatumbo, por ejemplo, más de 50.000 personas fueron desplazadas durante ofensivas armadas del ELN. En departamentos como el Cauca o en regiones de la Sierra Nevada, comunidades enteras siguen viviendo bajo extorsión, confinamiento y control territorial de estructuras ilegales.
Ese es el balance real de la política en la que Cepeda insiste en mantener. Un balance corto, pero contundente.
Si tuviera la oportunidad de preguntarle a Cepeda algo, sería esto: ¿qué significa insistir en una política cuyos resultados son tan desastrosos?
Porque, cuando habla de la política de Paz Total, lo hace como si las cifras no existieran. De hecho, el propio candidato del Pacto Histórico ha dicho sentirse orgulloso de esa política y de haber trabajado por la paz en Colombia.
La paz es un objetivo legítimo e irrenunciable para Colombia. Pero una política pública no se mide por sus intenciones, sino por sus resultados.
Y los resultados de la Paz Total hablan por sí solos: no cumplió sus objetivos, produjo el efecto contrario al que prometía y no debilitó a los grupos armados.
Por eso, todos los colombianos —seamos o no votantes de Cepeda— deberíamos exigir algo elemental: una revisión seria del modelo de seguridad y de paz que se le propone al país.
Porque la política de Paz Total no solo fracasó. Insistir en continuarla es un peligro para Colombia.
Por Gabriela Alonso Jaramillo
