Reclutados antes que combatientes

Durante décadas, Colombia ha reconocido el reclutamiento de menores como una de las violaciones más graves del conflicto armado. Lo convirtió en delito, creó rutas de prevención y adoptó en 2018 una política pública para evitar que niñas, niños y adolescentes fueran vinculados por grupos armados y organizaciones criminales. Esa respuesta, sin embargo, no ha logrado contener el fenómeno.

La muerte de cuatro menores de entre 15 y 16 años en bombardeos contra el ELN y las disidencias de las FARC volvió a demostrarlo. El ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo que eran combatientes y que las operaciones cumplieron el derecho internacional humanitario. Ante estos hechos, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitió una tutela y ordenó provisionalmente al Gobierno abstenerse de bombardear objetivos cuando exista información verificable sobre la presencia de menores, mientras no adopte las precauciones necesarias ni descarte una alternativa menos lesiva.

La participación directa en las hostilidades puede modificar la protección frente a un ataque. Pero... ¿cómo se aplica esa regla cuando quien participa también ha sido víctima de reclutamiento? ¿Qué precauciones debe adoptar el Estado ante la posible presencia de menores? El juzgado deberá examinar estas preguntas al resolver la tutela y el Gobierno, al definir su modelo de seguridad.

El debate judicial se ocupa de cómo debe actuar el Estado cuando un menor reclutado ya se encuentra dentro de un objetivo militar. Sin embargo, la persistencia del reclutamiento obliga a examinar lo que ocurrió antes y, en particular, tres fallas que explican la incapacidad del Estado para contenerlo.

En primer lugar, el reclutamiento no afecta por igual a todos los territorios ni a todas las comunidades. Según un análisis de Human Rights Watch basado en registros de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 1.500 menores fueron reclutados entre 2021 y 2025. El 57 % de los casos ocurrió en el Cauca y casi la mitad de las víctimas fueron indígenas, aunque los pueblos indígenas representan el 4 % de la población nacional. El fenómeno avanza donde confluyen el control armado, la pobreza, las barreras educativas, las economías ilícitas y una débil capacidad institucional.

En segundo lugar, los mecanismos de captación cambiaron. Las amenazas y el contacto directo ahora conviven con falsas ofertas laborales, mensajes privados y publicaciones en TikTok y Facebook. Información de la JEP, citada por Human Rights Watch, indica que el 44 % de los menores reclutados en 2025 fue contactado mediante redes sociales. La política de 2018 no se ha adaptado a esa transformación y sigue sin un plan de acción definido, recursos específicos ni instrumentos suficientes de seguimiento. En muchos municipios, las autoridades carecen de capacidad y las familias no encuentran mecanismos eficaces para buscar y rescatar a sus hijos.

En tercer lugar, la capacidad del sistema judicial para sancionar el reclutamiento es mínima. Según información de la Fiscalía, recopilada por Human Rights Watch, entre 2016 y 2025 se abrieron 3.947 indagaciones. Solo 45 avanzaron a investigación, 25 llegaron a juicio y nueve terminaron en condena. En marzo de 2026, un solo fiscal tenía a su cargo 423 denuncias en el Cauca. Para los responsables, el riesgo de recibir una sanción continúa siendo prácticamente inexistente.

Mora tiene razón al atribuir la responsabilidad a los grupos armados. Son ellos quienes incorporan a los menores, los separan de sus familias y los ponen al servicio de sus estructuras. Pero reconocer esa responsabilidad no responde a la pregunta de qué está haciendo el Estado para impedirlo.

El Juzgado 34 deberá resolver si mantiene los límites impuestos a los bombardeos. El Gobierno tendrá que definir cómo evitará que más menores lleguen a los campamentos contra los que ordena esas operaciones. Cumplir su promesa de protegerlos exige actualizar la política de prevención, asignarle recursos y fortalecer la capacidad territorial, la búsqueda y la investigación. La protección de los menores debe ocupar un lugar central en el nuevo modelo de seguridad.