Exigir autorización personal para registrar las actuaciones públicas de un funcionario con fines informativos es una pretensión abusiva. Quien acepta un cargo debe responder por las decisiones que toma y por su conducta al ejercerlo. Los ciudadanos tienen derecho a observar, documentar y cuestionar ese trabajo. Permitir que el funcionario decida cuándo puede ser grabado dejaría el escrutinio en manos de quien debe rendir cuentas.
El lunes pasado, mientras cubría una sesión de la Cámara de Representantes, grabé a integrantes de la bancada del Pacto Histórico que se retiraban del recinto para intentar romper el cuórum. María Fernanda Carrascal me increpó, preguntó con qué derecho la grababa y sostuvo que necesitaba su consentimiento porque ella también era ciudadana.
El viernes se reportó otra discusión por una grabación en el Concejo de Bogotá. La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, le pidió a un integrante del equipo del concejal Julián Forero que dejara de grabarla mientras el cabildante intervenía. También reclamó por el uso de su imagen en videos, aseguró que ese uso afectaba su vida personal y recordó que detrás de una funcionaria hay una persona y una madre.
Los dos episodios obligan a distinguir entre registrar una actuación pública y utilizar esas imágenes para atacar a una persona. La secretaria tiene derecho a cuestionar el uso de su imagen con fines de burla o insulto. Ese reclamo merece atención y no puede reducirse a una incomodidad frente a las cámaras. Pero tampoco justifica exigir autorización para registrar cómo ejerce su cargo durante una sesión pública. Podemos defender el derecho a grabarla y rechazar el uso que el concejal hace de esas imágenes.
Las grabaciones permiten contrastar las explicaciones de un funcionario con lo ocurrido. Su utilidad radica en que permiten a los ciudadanos examinar su trabajo y exigir respuestas, incluso cuando las imágenes resulten incómodas para quien aparece en ellas.
Ese control ciudadano tiene respaldo constitucional. El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. La Corte Constitucional ha reconocido que la difusión de imágenes de funcionarios puede estar protegida sin su autorización cuando tiene una finalidad informativa y está vinculada con el ejercicio de sus funciones. También ha señalado que quienes ejercen el poder están sujetos a un escrutinio más exigente por el interés público de sus actuaciones.
Ahora bien, aceptar un cargo público no significa renunciar a la intimidad. La vida familiar, los asuntos íntimos y la información reservada merecen protección. Hay que examinar qué se registra, en qué circunstancias y con qué finalidad. También importa cómo se publica. Julián Forero se equivoca al utilizar las grabaciones de la secretaria para burlarse de ella e insultarla. Él también ocupa un cargo público y debe responder por su conducta. El respeto que exige a otros funcionarios también lo obliga a él.
El derecho a informar impone responsabilidades. Quienes publicamos debemos verificar los hechos, aportar contexto, corregir errores y evitar montajes que distorsionen lo sucedido. Las amenazas y el hostigamiento deben enfrentarse con seriedad. Los abusos deben identificarse y atenderse, sin convertirlos en una prohibición general de registrar actuaciones públicas. Grabar a una funcionaria no da derecho a humillarla, como ocupar un cargo tampoco permite presionar a quien documenta su trabajo.
Los ciudadanos necesitamos fuentes diversas para evaluar la gestión de las autoridades. Las comunicaciones institucionales ofrecen una versión que merece ser contrastada. Periodistas, organizaciones, ciudadanos y equipos políticos pueden aportar otros registros y formular preguntas. Ese escrutinio debe alcanzar a todas las tendencias, incluidas aquellas con las que tenemos afinidad. Si hacemos excepciones con los funcionarios que nos gustan, perdemos autoridad para exigir transparencia.
Quien acepta un cargo público asume sus facultades, su remuneración y la obligación de rendir cuentas. Si considera intolerable que los ciudadanos documenten y cuestionen su trabajo, debería preguntarse para qué aceptó esa responsabilidad.