El registrador nacional Hernán Penagos lanzó una alerta sumamente grave de la que poco se está hablando: en el 40 % de los municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales, estas organizaciones tendrían interés en incidir en las elecciones de este año. Es un reconocimiento institucional que debería encender todas las alarmas en pleno inicio del ciclo electoral.
La pregunta que surge es inevitable: ¿puede hablarse de elecciones libres cuando el propio Estado reconoce que en más de 600 municipios existen riesgos graves para la participación política?
En una democracia, el deber del Gobierno no se agota en instalar mesas de votación ni en garantizar que las urnas abran el día de las elecciones. Su obligación es más profunda: asegurar que los ciudadanos puedan votar y elegir libremente, sin miedo, sin presiones y sin censura. Sin embargo, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo muestran un panorama preocupante: presencia armada ilegal, restricciones a la movilidad de candidatos, agendas prohibidas, limitaciones a la financiación independiente y riesgos diferenciados para periodistas, jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
¿Desde cuándo normalizamos que “haya elecciones” sea suficiente, aunque no se garanticen las condiciones mínimas para elegir en libertad? La democracia no se mide solo por la logística electoral, sino por el contexto en el que se desarrolla. Una elección donde hay temas que no se pueden tocar, campañas que no se pueden hacer y territorios donde el miedo condiciona la política, es una elección profundamente tensionada.
Nos enfrentamos a una problemática que no es solo electoral; es territorial. Los grupos armados ilegales no solo no se han debilitado, sino que se han fortalecido. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, hoy superan los 27.000 integrantes y han crecido más de un 20 % en el último año, ampliando su capacidad de control territorial y político.
No se trata únicamente de hombres armados, sino de redes de apoyo y de una capacidad creciente de gobernanza local. En varias regiones del país estos grupos no solo ejercen violencia: regulan la vida cotidiana, imponen reglas y condicionan la actividad política.
Ante este escenario surge otra pregunta inevitable: ¿quién manda hoy en buena parte del territorio, el Estado o los grupos armados? Porque cuando actores ilegales tienen la capacidad de incidir en campañas, discursos y financiación, la respuesta deja de ser obvia y obliga a pensarlo dos veces.
La reducción de algunos indicadores de violencia suele presentarse como una buena noticia, y en un país marcado por décadas de conflicto, lo es. Sin embargo, esa disminución no siempre significa mayor presencia del Estado. En algunos territorios, puede ser la señal de que el control ya se consolidó y que la confrontación dejó de ser necesaria. La ausencia de enfrentamientos no equivale automáticamente a democracia.
En estas elecciones nos jugamos el pluralismo. ¿Qué tan libre es una campaña cuando ciertos discursos —sobre derechos, género o diversidad— están vetados de facto en algunos municipios? ¿Cuántos liderazgos potenciales deciden no postularse simplemente porque el riesgo es demasiado alto? Esas ausencias no se registran en los tarjetones, pero afectan de manera directa la calidad de la representación política.
Cuando la Defensoría del Pueblo, la Registraduría y centros de análisis coinciden en el diagnóstico, estamos frente a un desafío estructural que, por su gravedad, debería ocupar el centro de la discusión pública.
Colombia puede votar en 2026. De eso no hay duda. La pregunta más difícil —y la más importante— es otra: ¿vamos a elegir en libertad en todo el territorio? Porque una democracia que se conforma con que haya elecciones, aun cuando no todos pueden participar sin miedo, corre el riesgo de normalizar lo inaceptable.
Una democracia no se mide por cuántas veces vota, sino por cuántas personas pueden hacerlo sin miedo. Votar no es suficiente. Elegir en libertad es el verdadero estándar democrático, y dejar de exigirlo tiene consecuencias.
Por Gabriela Alonso Jaramillo
