Treinta y cinco años esperando la descentralización

Desde 1991, Colombia decidió dejar atrás el modelo profundamente centralista que había marcado buena parte de su historia. La Constitución impulsó la descentralización al trasladar competencias a departamentos y municipios, con la expectativa de acercar las decisiones a quienes mejor conocen las necesidades de sus regiones.

Más de treinta años después, esa transformación sigue inconclusa. Aunque la descentralización existe como principio constitucional, muchas de las decisiones, los recursos y las prioridades que afectan a los territorios continúan definiéndose desde el nivel central.

En las últimas semanas, la descentralización ha vuelto al centro del debate público. El presidente electo ha planteado la necesidad de fortalecer la autonomía de las regiones y varios congresistas han insistido en redefinir la relación entre la Nación y las entidades territoriales. Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en transferir más funciones o recursos, sino en construir un modelo que otorgue autonomía real a los territorios y les permita ejercerla con capacidad institucional.

En esta discusión existe un problema más profundo: durante décadas, el Estado colombiano ha transferido competencias a departamentos y municipios, pero no siempre ha confiado plenamente en su capacidad para ejercerlas.

Con frecuencia se afirma que otorgar mayor autonomía territorial aumenta los riesgos de corrupción, clientelismo o mala administración. Ese argumento ha terminado justificando la concentración de competencias en el Gobierno Nacional, incluso cuando una gestión más cercana podría responder mejor a las particularidades de cada región.

El resultado es una paradoja: la falta de capacidades limita la transferencia de competencias, pero sin nuevas competencias las entidades territoriales difícilmente podrán fortalecer sus capacidades. De esta manera, el centralismo termina justificándose a sí mismo.

El problema tampoco es uniforme. Uno de los mayores límites del modelo ha sido desconocer las diferencias entre los territorios. No enfrenta los mismos desafíos una capital con amplia capacidad administrativa que un municipio rural de la Amazonía o del Pacífico. Diseñar las mismas responsabilidades para realidades tan distintas ha dificultado que la descentralización funcione como fue concebida.

Por eso, la discusión no debería reducirse a cuánto dinero reciben los departamentos y municipios. Colombia necesita definir qué competencias debe asumir cada nivel de gobierno, cuáles deben ejercerse de manera conjunta y qué capacidades requiere cada territorio para hacerlo.

Existe, además, una razón democrática para insistir en este debate. Las decisiones públicas suelen ser más eficaces cuando se adoptan desde el nivel de gobierno que mejor conoce las condiciones del territorio y mantiene una relación más cercana con la ciudadanía. En un país tan diverso como Colombia, resulta difícil pensar que todas las soluciones puedan diseñarse desde el nivel central.

La descentralización no implica ausencia de coordinación ni de control por parte del Estado. La autonomía requiere instituciones capaces, recursos suficientes y mecanismos de vigilancia que garanticen una adecuada gestión pública.

Una tarea necesaria para el próximo Gobierno y Congreso no será prometer más descentralización, sino hacerla viable. Colombia necesita construir un modelo de gobernanza territorial en el que la autonomía, las capacidades institucionales y la financiación avancen de manera articulada. Mientras estos elementos sigan avanzando por caminos distintos, el país continuará atrapado en una descentralización incompleta.

Treinta y cinco años después de la Constitución de 1991, el reto ya no es defender la descentralización como un principio deseable, sino crear las condiciones para que funcione. Colombia debe superar la idea de que las regiones tienen que escoger entre autonomía y capacidad institucional. El desafío es construir un Estado que confíe más en sus territorios, pero que también les exija mejores resultados.

El modelo de descentralización que adopte Colombia definirá buena parte del futuro del Estado. Un país tan diverso no puede seguir gobernándose bajo la idea de que una misma solución sirve para todos los territorios. La descentralización no es solo una reforma administrativa; es reconocer que Colombia también se construye desde sus regiones.