En el debate público colombiano hay algo que cada vez se siente más, pero que pocas veces se nombra con suficiente claridad: la conversación que vemos en redes no siempre es real.
Lo que tenemos al frente es un fenómeno profundamente peligroso para la democracia: una estructura que opera sin control, sin regulación y que está transformando la manera en que se construye la opinión pública.
Las llamadas “bodegas” son grupos organizados de cuentas que actúan de manera coordinada para posicionar ideas, atacar a personas o imponer narrativas en el espacio digital. No se trata de ciudadanos deliberando libremente, sino de estrategias diseñadas para influir en la opinión pública.
Su funcionamiento no está orientado al debate, sino a la saturación sistemática. Defienden candidatos, atacan periodistas o contradictores, difunden desinformación y, sobre todo, construyen una ilusión: la de que una idea es mayoritaria simplemente por su repetición.
Ese es el punto más delicado. No es solo lo que dicen, sino lo que hacen creer.
Cuando cientos de cuentas replican un mismo mensaje, no solo se altera el contenido de la conversación, sino la percepción misma del consenso. En democracia, aquello que se asume como mayoritario puede incidir decisivamente en la formación de la opinión pública.
Detrás de estas dinámicas puede haber campañas políticas, actores organizados e incluso estructuras financiadas. No pertenecen a un solo sector ideológico: operan a lo largo de todo el espectro político. Pueden ser bots, cuentas automatizadas, perfiles híbridos o personas reales que administran múltiples identidades digitales de manera simultánea.
El resultado es una conversación distorsionada: no necesariamente prevalece la mejor idea, sino la más amplificada; disentir puede implicar ser objeto de ataques masivos; y el ruido termina desplazando al argumento.
Pero hay algo aún más preocupante: las bodegas no solo alteran lo que vemos; también condicionan la forma en que participamos.
Cuando una persona percibe que su opinión es minoritaria —aunque no lo sea— es más probable que opte por el silencio. Y cuando el costo de expresarse implica ser atacado, ridiculizado o expuesto, ese silencio deja de ser individual y empieza a volverse estructural.
Cuando el silencio se vuelve estructural, la democracia se empobrece. El debate público deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en uno de intimidación. Las ideas dejan de competir en igualdad de condiciones y pasan a depender de la capacidad de amplificación.
En ese escenario, no solo se distorsiona la conversación; se distorsiona la decisión.
Una ciudadanía expuesta de manera constante a narrativas artificialmente infladas puede terminar votando con una percepción equivocada de la realidad. Puede creer que está tomando una decisión informada, cuando en realidad responde a un entorno manipulado.
Este es el escenario al que se enfrenta Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Y no se trata de un fenómeno aislado: dinámicas similares se están replicando en distintas democracias del mundo.
Las elecciones no dependen únicamente de las propuestas o de los candidatos, sino también de la calidad de la conversación pública que las rodea. Si esa conversación está intervenida o artificialmente dirigida, la competencia democrática deja de ser plenamente libre.
Por eso, es urgente nombrar este fenómeno y advertir sobre sus efectos en todos los espacios de la conversación pública. No todo lo que se repite es consenso. No todo lo que es tendencia es orgánico. No todo lo que parece mayoría lo es.
Aprender a reconocer estas dinámicas es una condición necesaria para ejercer la ciudadanía en un entorno digital. También es fundamental exigir una conversación pública de mayor calidad y rigor. De ello dependerá, en buena medida, nuestra libertad.
La democracia no solo se juega en las urnas. También se juega —y cada vez más— en la conversación que las precede. Cuando la conversación pública está intervenida, la decisión democrática deja de ser plenamente libre.
Por Gabriela Alonso Jaramillo
