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Con la estrategia Gobierno en Línea, el Ministerio de Comunicaciones precisa y da sentido a algo tan etéreo como es el concepto de Sociedad de la Información (SI). Ésta pretende construir una sociedad en beneficio de los ciudadanos gracias al mejor uso de las tecnologías, las comunicaciones y la información para incorporar cambios significativos en la vida cotidiana.
Se han impuesto, incluso mediante norma expresa, metas y fechas concretas para que, con el liderazgo del Ministerio de Comunicaciones, se cumplan cinco fases del Gobierno en Línea. El reto no es menor: en 2010 las entidades públicas del orden nacional y las territoriales en 2012 deberán no sólo tener una oferta de información suficiente en sus sitios web, sino que habrá un cambio radical en la forma de operar el Estado frente a los ciudadanos, quienes accederán a múltiples servicios por internet y hasta podrán proponer planes, políticas, temas y participar activamente en las decisiones de las autoridades.
En hora buena semejante propósito, cuando Colombia tiene un mejor lugar en materia de Gobierno en Línea, pero grande será la frustración si las metas y el cronograma no se cumplen. No será suficiente decir en 2010 que mejoramos el puesto 52 que hoy tenemos entre 192 países en el índice del e-government de la ONU. Con las TIC el ciudadano tendrá visión unificada del Estado, acceso equitativo y multicanal a las tecnologías, protección de la información del individuo y credibilidad y confianza en el Gobierno en Línea.
A grandes retos, grandes decisiones, más cuando hay tantas ilusiones de por medio.
Las TIC no sólo facilitan la recolección, procesamiento, recuperación y comunicación de información, sino que se han convertido en un medio imprescindible en la gestión de los gobiernos, las empresas y otros actores. Por esto, es fundamental trascender la condición de Gobierno en Línea de programa o estrategia del Ministerio de Comunicaciones, para que se convierta en política de Estado, con recursos para cumplir sus objetivos y que no se malgasten en proyectos que no tengan conexión con la política pública.
El reto de las autoridades será tener un estatuto y un código de conducta que permitan garantizar la protección y buen uso de los datos personales a todos los ciudadanos que utilicen las TIC en sus relaciones con los gobiernos. Esto lo diagnosticaron y solucionaron países que cumplieron las metas que ahora nos trazamos para 2010.
