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En los últimos diez años ha habido múltiples iniciativas legislativas para otorgar al sector de las telecomunicaciones un régimen jurídico unificado. La Ministra de Comunicaciones presentó un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Representantes y que a actualmente se debate en el Senado para que, si es aprobado, se convierta en ley.
Esta norma, a diferencia de las vigentes, pretende ser la ley de las TIC. Cada vez que se avanza en los debates para modificar las normas, surge un tema álgido que ha frustrado la aprobación de múltiples proyectos: la supresión del régimen vigente de subsidios para los usuarios de los estratos 1 y 2 del servicio básico de telefonía fija.
Los subsidios tienen como fuente de financiación la contribución que hacen los usuarios de los estratos 5 y 6 y los clientes industriales y comerciales. Subsidiar parte del consumo básico cuesta anualmente $235 mil millones, de los cuales $65 mil millones los paga la Nación, pues no alcanzan las contribuciones que hacen los usuarios.
Si bien nadie discute la importancia de establecer mediante ley una política estatal de los objetivos y principios que tienen para el desarrollo social y económico las TIC, me temo que hay pocas posibilidades de dar curso definitivo a este proyecto a menos que se proponga y discuta un amplio capítulo que manifieste la voluntad legislativa sobre la nueva política social en materia de comunicaciones y no simplemente decir que no habrán telecomunicaciones con un régimen domiciliario.
En nuestro país donde más de 35 millones de colombianos tienen satisfecha su necesidad de comunicación gracias a la telefonía móvil y 8 millones a que tienen líneas fijas, no es equitativo ni ético gastar más de US $120 millones anuales en subsidios para llevar telefonía fija a 2,8 millones de colombianos de estrato 1 y 2 cuando la mayoría ya tienen un teléfono móvil y están ubicados en centros urbanos.
Hay suficientes razones para apoyar un proyecto de TIC y para cambiar la política social en telecomunicaciones, sin embargo los actores deben hacer propuestas más creativas, ambiciosas y que tengan más contenido social a las que el proyecto pretende dar respuesta pues no es suficiente proponer una transición de 4 años para el desmonte del régimen actual de subsidios o la de pagar a los operadores un déficit millonario que han asumido desde el año 2003. ¿No será que podemos hacer cientos de ciudades con conectividad inalámbrica con US $120 millones anuales si hay un derrotero definido por el legislador?
