Abelardo de la Espriella como presidente electo visitó Puerto Carreño a finales de julio. Allí manifestó la intención de convertir la altillanura en uno de los principales motores del desarrollo agroindustrial. La propuesta, que no es nueva, adquiere así un renovado impulso político. Desde tiempo atrás esta región ha sido considerada propicia para la expansión de la agricultura industrial siguiendo el modelo tecnológico del Cerrado, que en Mato Grosso, Brasil, ha alcanzado una enorme extensión. ¿Vamos simplemente a imitar el “milagro brasileño” en la “patria milagro”?
Desde una mirada económica, el planteamiento trae oportunidades. De hecho, la agroindustria se viene expandiendo en la altillanura a una tasa de varias decenas de miles de hectáreas por año. Pero cuando se habla de 1,5 millones de hectáreas adicionales surgen retos, porque el modelo no está exento de costos ambientales y sociales. Y a esta escala no solo sus impactos serían mayores, sino que su viabilidad y éxito no está garantizada. ¡No es poco lo que está en juego!
El mayor reto es anticipar el ordenamiento del territorio. Pero no se trata solo de aplicar los instrumentos existentes, porque la transformación productiva no sucedería en un “lienzo en blanco”, sino en una en una región que no es homogénea. Es un territorio biocultural, de sabanas, mosaicos de sabanas y bosques y ríos, habitada por pueblos indígenas, algunos móviles, criollos de vieja data y poblaciones más recientes en cambio cultural, asociadas con el petróleo, la agroindustria, la forestería industrial y la vida urbana emergente. Indispensables son las salvaguardas sociales frente a territorios indígenas y campesinos, y la prudencia ecológica para un nuevo modelo no está predefinido y que se debe crear con un enfoque de aprender haciendo. Sería innovación, que aquí llamo “diseño para la convivencia”. Desde un punto de vista ambiental, es necesario superar el dilema entre expansión productiva o conservación y abordar el reto de crear un nuevo equilibrio entre conservación, transformación productiva sostenible y pervivencia cultural. La transferencia tecnológica debe, por tanto, inscribirse en una visión ecológica y social del territorio que permita definir paisajes productivos biodiversos con límites y patrones de la transformación.
Dentro de los grandes predios los cultivos agroindustriales no tendrían necesariamente que estar reñidos con la salud de los ecosistemas. La nueva matriz agropecuaria y forestal podría concentrarse en los “bancos de sabana” aptos para la mecanización, al tiempo que se fortalecen nodos y mosaicos de corredores de ecosistemas silvestres y espacios para la pervivencia cultural. Especial atención merecen los sistemas de humedales relativamente pequeños pero numerosos, donde nacen los ríos de la altillanura, el Yucao, Manacacías, Bita y Tuparro, entre otros. Un caso ejemplar sería el manejo bajo este modelo de la cuenca del rio Bita, reconocido como el primer río protegido de Colombia.
En los temas sociales es necesario asegurar la legalidad en la asignación predial, diferenciar la Unidad Agricola Familiar (UAF), garantizar modelos laborales justos, cadenas de valor locales e inclusión cultural y modelos de gobernanza. Una innovación es la creación de corredores bioculturales que conecten los territorios indígenas entre ellos y hacia los grandes ríos. El nuevo modelo es competitivo: prepara la región para un mercado en el que los productos no estén asociados con pérdida de biodiversidad, en especial las sabanas tropicales, cuya atención se acentuará a medida que avance la transformación productiva.
Pero un territorio así no surge espontáneamente. Una adecuada transformación supone alinear políticas sectoriales a nivel nacional y las administraciones municipales y los gobiernos indígenas; además de las dos Corporaciones Autónomas Regionales, gremios, empresas y comunidades locales. Requiere un acuerdo capaz de combinar regulación necesaria, con alianzas público-privadas y comunitarias.
En la altillanura existe la oportunidad de demostrar que es posible acoger la actividad agroindustrial y forestal sin repetir errores ecológicos y sociales, como los documentados en el Brasil. Hacerlo sin borrar la naturaleza ni avasallar a las poblaciones locales, que tienen derecho a definir y decidir su papel en esta transformación. De hecho, algunas comunidades vienen construyendo formas de coexistencia frente a la expansión agroindustrial; como, entre otros, el corredor agroecológico, activo en la zona rural de Puerto Carreño, y los emprendimientos de turismo de naturaleza. El desafío, entonces, es diseñar la convivencia antes que la transformación del territorio termine decidiéndola por nosotros. Hay espacio geográfico suficiente. Importante abrirlo en la mente de los desarrolladores.
