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De acuerdo con la Constitución Política, el Estado colombiano ha venido reconociendo a los grupos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho especiales. También son ya muy frecuentes los reconocimientos como sujetos de derecho a espacios geográficos, tales como el rio Atrato y la Amazonía, entre otros.
Persistía, sin embargo, un vacío de reconocimiento de las poblaciones humanas, valga la aclaración, que viven entre la tierra y el agua, o sea, la población anfibia. Es una minoría demográfica que vive en un gran territorio. En este contexto, el Gobierno Nacional en buen ahora promulgó el Decreto 0149 (2026) de parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, en el cual define el concepto y la constitución de “Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios” (EAA).
Este acto administrativo no ha sido pasado por alto, si bien su relevancia no ha sido del todo resaltada. Porque no es solamente una figura más para el ordenamiento territorial, sino la incorporación en el ordenamiento jurídico de una identidad cultural propia para las territorialidades campesinas, pesqueras y de subsistencia en los espacios continentales y marítimos, con implicaciones inmediatas para las políticas de desarrollo rural, ordenamiento y soberanía alimentaria. Permite, entre otras, superar la imposibilidad jurídica de adjudicar propiedad individual en estos territorios —acuatorios— hasta hoy bienes públicos. Se contribuye a superar la tensión histórica entre la adjudicación de tierras, y la ocupación tradicional de los espacios del agua. Los EAA se integran como parte de la Reforma Agraria de Colombia, lo que permite al Estado incluir estos territorios en políticas de desarrollo rural, ordenamiento y soberanía alimentaria.
Reconocer derechos es un signo de nuestros tiempos. ¿Cómo vamos en relación con los deberes? Lo avanzado es sin duda un gran logro en nuestro subcontinente. Surge así un enorme reto administrativo, con plazos para la declaratoria y la formulación de un plan de desarrollo comunitario sostenible (PDCS). Señala requerimientos específicos de diagnósticos focalizados en el propósito, visitas de campo de los funcionarios encargados, recopilación de evidencias en campo y finalmente la decisión administrativa de reconocimiento de su actividad.
¿De dónde surge la particular dificultad? Según la evidencia científica estamos hablando de millones de hectáreas de espacios en los cuales converge la tierra y el agua, con poblaciones humanas, como las que se pretenden reivindicar. No dejar duda en el ámbito de aplicación sería de gran importancia. Excluir deliberadamente no contribuiría al propósito buscado. Por definición se trata de los grandes complejos de humedales permanentes y estacionales (ver iniciativa Colombia Anfibia), ahora como territorialidades potenciales de campesinos anfibios. Además, la nueva figura tiene inmediatas implicaciones, en los Planes de Ordenamiento Territorial POT y los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas POMCA, que deberán alinearse con este propósito.
El asunto de fondo no es pues sobre la intención, sino sobre la capacidad administrativa y financiera que se requiere para la implementación de los PDCS. De no menor importancia es el fortalecimiento de capacidades en funcionarios que ya vienen trabajando en esos territorios, como la AUNAP del Ministerio de Agricultura. Habría que movilizar de manera urgente a los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), a los funcionarios involucrados con los sistemas de áreas protegidas y a ONG y organizaciones civiles que tienen agendas con estas poblaciones. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), atendiendo un mandato del CONPES 4050, podría desarrollar un “subsistema temático de áreas protegidas”, centrado en el uso sostenible de la biodiversidad anfibia y acuática.
La responsabilidad del Estado aquí es enorme. Urge un plan de aplicación, que ya no sería solo del Ministerio de Agricultura que ha liderado este paso, sino del conjunto de sectores que convergen en estos territorios. Porque el declive de la biodiversidad sigue avanzando en estos territorios, y la agenda de adaptación al cambio climático no aparece en la magnitud que se requiere. La justicia ambiental tiene hoy un nuevo soporte jurídico, que no podría aplazarse.
