La propuesta del alcalde Galán de incluir en el plan de desarrollo la Avenida Longitudinal de Occidente, conocida como la ALO norte, revive una tensión entre el desarrollo vial y la conservación de espacios para la naturaleza. No es el único conflicto de este tipo, pero sí podría ser uno muy sonado, con fuertes consecuencias sobre los asuntos ambientales del presente gobierno. No es un conflicto inventado por el actual alcalde: es otro de esos problemas mal envejecidos, consolidados por debilidades y omisiones institucionales. Imaginemos si estos asuntos tendrían hoy la misma manifestación si se hubieran implementado a tiempo decisiones de conservación efectiva de biodiversidad.
El Distrito Capital cuenta desde 2007 con una política de humedales y un plan de acción aprobado en 2015. El país tiene además desde 2012 una Política Nacional de Gestión de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y un Plan de Acción en vigor desde 2016. Ambos instrumentos, poderosos en lo formal, acusan una gran debilidad de implementación. Un asunto sobresaliente en el año de la COP16 es la meta 6, referida al riesgo de extinción de especies. No es el único indicador, pero sí uno que demuestra el mal camino que hemos transitado como sociedad. Los humedales del altiplano de Cundinamarca y Boyacá están en la Lista Roja de Ecosistemas —documento científico que evalúa el estado de riesgo de la biodiversidad ecosistémica—, además de al menos una decena de especies en alto riesgo de extinción. Esta situación se conoce hace décadas. Lo grave es que el riesgo advertido no ha disminuido desde que fueron promulgados los instrumentos mencionados.
Otro sería el escenario si las áreas protegidas de la región tuvieran un estatus formal como un subsistema territorial en el Sistema de Áreas Protegidas del país, con estándares de participación y gestión, y objetivos tangibles de gestión de biodiversidad. Igualmente, otro sería el escenario si las especies en riesgo ya hubieran sido objeto de planes de acción, con poblaciones en proceso de recuperación.
Hay un vacío que, más que de gobernanza, es de gobierno, pues las responsabilidades están asignadas en la ley. La responsabilidad de evitar la extinción es de las autoridades ambientales nacional, regional y local. Falta, por ejemplo, una estrategia de biodiversidad en el área de la CAR Cundinamarca, y los mismos mandatos no han permeado a fondo los planes de ordenamiento territorial municipal ni el manejo de la cuenca del río Bogotá. Un paso de fondo sería crear las comisiones conjuntas cuando un ecosistema se comparte entre al menos dos autoridades ambientales, además de la participación ciudadana en el monitoreo de la biodiversidad, como parte de la justicia ambiental que propone el Gobierno nacional para este territorio. Es urgente ampliar la ambición y reforzar las estrategias y acciones.
Una respuesta contundente podría estar en la aplicación del Marco Global de Biodiversidad, del cual el país dará cuenta en la próxima COP16, en el cual estamos comprometidos, además de la meta 6 de buscar la extinción cero y tener un 30 % de área protegida para el 2030, como agregado nacional. ¿Qué tal si aplicamos en este complejo de humedales en riesgo un 15 % de conservación, que en este espacio significa preservación, restauración y creación de nuevos humedales? Serían unas 15.000 hectáreas de humedales con indicadores de recuperación de las especies en riesgo, lo cual podría ser una señal de cambio de futuro. Un proceso de este tipo se vería soportado por la articulación en el Sistema Nacional Ambiental, del IDEAM para el diseño y monitoreo de los espacios del agua y del Instituto Humboldt para la gestión de los ecosistemas, la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas.
No se trata de negar los impactos que el desarrollo de infraestructura en Bogotá y la sabana tiene sobre los humedales, ni de afirmar que estos sean menores o fácilmente mitigables. Son asuntos ante los cuales la sociedad debe tomar decisiones complejas. Pero con indicadores de trayectoria hacia una biodiversidad en camino positivo, otro podría ser el futuro de los conflictos ambientales. La omisión de la aplicación institucional de principios ya acordados cada día pasará una cuenta de cobro mayor, y no es la retórica del cuidado ambiental la que nos ayudará a superar la sin salida. La historia dirá si en el año de la COP16 se inició un cambio de trayectoria o si en estos temas el futuro más probable seguirá siendo de conflicto ambiental y, de paso, a los estrados judiciales.
