La Conferencia Internacional sobre la Salida de los Combustibles Fósiles concluyó el pasado 27 de abril en Santa Marta. Hecho importante en la agenda del presente gobierno, en momentos de oposición política a la agenda multilateral del cambio climático. Proponer una ruta de acción alternativa es una semilla de esperanza, pero el proceso que se abre trae retos de cuyo avance depende el éxito. En este punto se atraviesa el escepticismo en el momento político que vivimos.
En lo global, podríamos esperar a que pase la horrible noche y los países retomen el Acuerdo de París. Convergería así la llamada “nueva democracia climática” con un multilateralismo revitalizado desde la sociedad civil. Esto sucedería, sin embargo, en escenarios muy difíciles, pues la capacidad de aguante del planeta –esto es, su resiliencia– podría desvanecerse. Así lo han mostrado científicos invitados al evento, como entre otros Johan Rockström, con los umbrales planetarios, y Carlos Nobre, con los ríos aéreos. Aparecen así la Amazonia y, en general, los bosques, como asuntos centrales en la agenda climática. Es aquí donde, en un contexto de desesperanza global, es necesario cultivar la esperanza.
Construir hojas de ruta como compromiso de los países, por ahora por fuera de los acuerdos multilaterales, es una de las grandes decisiones. Son espacios de pensamiento colectivo, para diseñar la transición energética en el periodo 2026–2050, centrados en la descarbonización de la balanza comercial, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y la transición energética como tal. Las metas y cronogramas estarían ajustados con la realidad económica, a través de acuerdos entre el sector público, privado y comunitario, con fuerte participación de la sociedad civil. Su importancia, sin embargo, contrasta con su vulnerabilidad política. Porque en Santa Marta, si bien asistieron actores sociales fundamentales, no estuvieron todos los que son. Es importante la ampliación del compromiso a todos los sectores empresariales y sociales.
Para un acuerdo social más amplio hay que tener en cuenta que en Colombia la transición requerida no es solo energética, sino ecológica. En nuestro país, en la ecuación climática la mayor fuente de emisiones no es la energía. Según los inventarios nacionales de gases de efecto de invernadero, reportados por Ideam a la Convención (BUR y BTR), el sector Afolu (cambio de uso del suelo) aporta 55–60 % de las emisiones totales, mientras que el sector energía representa entre 30–35 %. Dentro de Afolu, el cambio de uso del suelo –dominado por la deforestación– concentra alrededor de 60–70 % de las emisiones, lo que equivale aproximadamente a 35–40 % de las emisiones totales. Aquí surge la oportunidad. Ninguna tendencia política podría beneficiarse en sus propuestas de una destrucción que continúa, con serias repercusiones sobre la seguridad ecológica. En la hoja de ruta sería necesario definir complementos, sinergias y balances entre los sectores que aportan a los gases de efecto invernadero mientras sucede la transición energética, porque avanzaríamos no solo negando o afirmando, conocido en la política electoral, sino equilibrando en torno al bien común.
En el cortísimo plazo 2026–2030, el control la deforestación debe tener un lugar central en la agenda climática. No sería solo evitar la expansión de hidrocarburos en zonas que requieren especial cuidado ecológico –rápidamente celebrada– sino tomar control sobre las causas de la destrucción para encaminarnos hacia una meta de cero deforestación, y el avance de la restauración de varios millones de hectáreas. Asunto que, a pesar de acciones en este sentido, carece todavía de una política de Estado integral y un liderazgo internacional contundente.
Se podría además abonar la esperanza con otros insumos. Una lectura integrada de los productos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y de la Plataforma Científico Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), podría contribuir significativamente. Porque no se trata solo de producir energía con menos emisiones, sino que mientras se va redefiniendo lo energético, se integran a la discusión los impactos de las energías llamadas limpias, los límites al uso del territorio y la integridad de los ecosistemas, y la justicia en la distribución de riesgos, beneficios y daños. Colombia podría dar un paso contundente creando un panel multidisciplinario de expertos, como el de la plataforma de la Ipbes –en la que el Instituto Humboldt ha participado activamente– que sirva para deliberar públicamente las tensiones y compensaciones sociales, económicas y ambientales que inevitablemente surgirán en la hoja de ruta.
El gobierno, que salió airoso de Santa Marta, cuenta con escasísimo tiempo para arreglar las maletas, con contenidos enriquecidos y un mínimo acuerdo nacional. Lo peor que podrá pasar es que la agenda en el camino hacia Tuvalu no concitara un acuerdo social más allá de las huestes políticas que propusieron el proceso. Sería una victoria pírrica que no tendríamos cómo celebrar.
